Una nueva batalla verbal se ha desatado entre Gran Bretaña y algunas de sus colonias en el Caribe, esta vez acerca de la supremacía en competencias administrativas, un asunto que enfrenta a los gobernadores nombrados por Londres con las autoridades electas localmente.
La actitud británica ha puesto de mal humor a los gobernantes locales, pero según Londres las colonias no tienen más que optar entre dos situaciones: o aceptar esta posición o adquirir la independencia.
Los dirigentes locales sostienen que la intención de Gran Bretaña es forzarlos a reclamar la independencia o caso contrario aceptar la reversión de un proceso que ha permitido el gradual incremento de las facultades administrativas de los gobernantes electos.
Detrás de la discusión se encuentra, sin embargo, la creciente preocupación de Gran Bretaña por las operaciones financieras "offshore" que realizan algunas colonias caribeñas. El gobierno británico quiere ejercer mayores facultades regulatorias para evitar abusos, según fuentes oficiales.
Esta intención no se hizo aparente, sin embargo, en una carta que envió el secretario de Asuntos Exteriores británico, Malcolm Rifkind, a los jefes de gobierno y legisladores de las colonias.
En esa comunicación Rifkind expresó a las administraciones locales cómo deben ser las relaciones si los territorios desean continuar en situación de dependencia.
"El único cambio supondrá que, en el futuro, la continuación de la dependencia podrá requerir, en algunos casos, una extensión de aquellos poderes reservados que pueden ser ejercidos, si es necesario, por el gobernador con mi aprobación".
"Esto obedece a la evidencia empírica de que, a lo largo de los años, el progreso constitucional ha significado -en particular en Anguila, las Islas Vírgenes Británicas y Montserrat- que yo no disponga ya, como secretario de Estado responsable ante el Parlamento del Reino Unido por el buen gobierno de los territorios dependientes, del poder necesario para asegurarme de estar en condiciones de cumplir con las obligaciones que sin duda tengo ante el Parlamento, expresó Rifkind.
"Esto es inmoral", comentó Hubert Hughes, jefe de gobierno de Anguila. "Gran Bretaña no es sincera cuando habla de que los territorios dependientes se sostengan por su propio pie".
La carta de Rifkind añadió: "Si la extensión de los poderes reservados justifica su necesidad, dependerá de que la futura conducción de los asuntos públicos en el territorio respectivo sea aceptable".
Con esa ampliación de sus competencias los gobernadores podrán rechazar las decisiones de los legisladores elegidos localmente y aprobar o enmendar las leyes "si la legislatura se niega a hacerlo y si esas leyes resultan necesarias en interés del orden público, la fe pública o el buen gobierno".
La carta fue enviada a los gobernantes locales electos de cinco de las seis colonias británicas en el Caribe: las Islas Caimán, Anguila, Montserrat, las Islas Vírgenes Británicas y las Turcas y Caicos. La única excepción fue Bermuda, cuyo sistema administrativo es "satisfactorio" para Londres.
Gran Bretaña es responsable de todos los asuntos de gobierno en esos territorios, excepto la administración vecinal.
Algunos de los gobernantes locales de las colonias atacaron de inmediato el contenido de la carta, como en el caso de los administradores de Montserrat, que llevan varios años luchando contra la actividad de un volcán y se encuentran muy molestos por la extensión de las competencias del gobernador británico.
"Esto significa una reversión del proceso desarrollado en los territorios dependientes de la región", afirmó un funcionario de Montserrat.
"Parece claro que Gran Bretaña ha decidido que los territorios caribeños que estén en condiciones de adquirir la independencia política deberían hacerlo, o de lo contrario aceptar la ampliación de las facultades de los gobernadores y la reducción del poder de los gobernantes locales electos", añadió.
Esto fue negado por el gobierno británico, que puntualizó que no es su intención forzar a esos territorios a la independencia.
Lo que Londres quiere es que los territorios dependientes pongan al día su legislación, en particular en lo que se refiere a la lucha contra el lavado de dinero, en consonancia con las leyes sancionadas en Gran Bretaña hace tres años.
Según los funcionarios de Londres, las Islas Caimán ya han adoptado esas normas y Bermuda se propone hacerlo en breve.
Ralph O'Neal, jefe de gobierno de las Islas Vírgenes Británicas, recordó que siempre se ha sabido que el "poder real" reside en Londres y no en manos de los funcionarios elegidos localmente. "Esto en verdad no cambia nada", dijo.
Por el contrario, fue virulenta la respuesta de Hughes, de Anguila, al condenar el intento británico de ampliar las competencias de los gobernadores.
Hughes juzgó que al aumentar las facultades de los gobernadores, Gran Bretaña desestimula cualquier esfuerzo de los territorios dependientes en pos de la independencia.
El político local puntualizó que Londres ha disuadido a los gobernantes de los territorios dependientes de presentarse en las reuniones del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.
"Cada vez que el Comité invita a los dirigentes de los territorios dependientes a concurrir a sus sesiones para comprobar los avances realizados hacia la autodeterminación, nosotros recibimos una carta de Londres en la que se nos dice que la asistencia será considerada un acto hostil o inamistoso".
"No nos pueden impedir que vayamos, pero nos colocan en una situación lo suficientemente incómoda para que decidamos no concurrir", añadió Hughes.
"Esta es una situación racial. Usted verá que la nueva decisión no se refiere a Bermuda. Y en las Islas Caimán y en Turcas y Caicos ya tienen esas facultades", explicó.
El Foreign Office británico negó que haya dicho a los territorios dependientes que no deben asistir a reuniones del Comité de Descolonización.
El portavoz del departamento, Nev Johnson, reconoció sin embargo que cuando Londres recibe ese tipo de invitaciones las dirige al gobierno dependiente que corresponda, "desalentando" la asistencia.
Esto se debe a que Gran Bretaña entiende que el Comité de Descolonización "continúa igualando autodeterminación con independencia y desechando otras opciones posibles", tales como una votación mayoritaria por permanecer como un territorio dependiente, precisó Johnson. (FIN/IPS/tra-en/cj/cb/arl/ip/97
