Los gobiernos del Caribe se preparan para dar un paso más hacia la creación de una corte regional de apelaciones, con la reunión de fiscales generales a realizarse este martes en Trinidad y Tobago.
La idea de una corte regional surgió en 1993, cuando el Consejo Privado Británico, suprema corte de apelaciones de la mayoría de los países caribeños, estableció la conmutación a cadena perpetua de las penas capitales de criminales con más de cinco años en prisión.
La decisión se tomó tras apelaciones de los jamaiquinos Earl Pratt e Ivan Morgan, ambos sentenciados a muerte desde hacía 14 años. El veredicto se aplicó a los dos y se extendió a quien superara el límite de cinco años.
En Trinidad y Tobago se conmutaron entonces las penas de muerte de 50 hombres. En Jamaica, 81 de los 170 condenados a morir estaban en prisión desde hacía más de cinco años.
Pero la decisión no fue bien recibida por muchos países, cuyas autoridades pensaron que la decisión debilitaba su poder en el uso de la pena capital.
El primer ministro de Jamaica, Percival Patterson, quien también es abogado, alegó en ese momento que el Consejo Privado, como autoridad final en asuntos judiciales, era "culturalmente inapropiado e incompatible" con la soberanía nacional.
Mientras Barbados, Guyana y Jamaica presionan por la creación de una corte regional, Trinidad y Tobago ha sido menos entusiasta.
Desde su elección hace más de un año, el gobierno de Basdeo Panday no oculta su descontento con los países de la región que proponen abolir el Consejo Privado como suprema corte de apelaciones.
Panday sostiene que inversores que llevaron 3.000 millones de dólares a la isla en los últimos años están descontentos con la idea de que no haya recursos legales fuera de la región.
Los críticos consideran que la actitud es anticuada, y argumentan que la posición cuestiona la integridad de los jueces caribeños.
Pero fuentes indican que las preocupaciones de Trinidad y Tobago pueden ser fácilmente satisfechas con un acuerdo, permitiendo a los países la opción de utilizar el Consejo Privado o seguir la ruta de la Corte Caribeña de Apelaciones una vez que la institución se convierta en realidad.
En el caso de Guyana, donde la corte local es la instancia superior, el gobierno está ansioso por la creación de la corte regional, ya que le incomodan los acusados que aguardan en el pabellón de la muerte, en especial los juzgados por el anterior gobierno.
Guyana abolió el Consejo Privado como corte final de apelaciones cuando se convirtió en república, en 1970.
Activistas de los derechos humanos y algunos abogados tampoco están contentos con la propuesta, afirmando que la región necesita mejorar sus cortes locales antes de pensar en la creación de la institución regional.
Daley se refirió al deplorable estado físico de las Cortes de Magistrados Residentes, la falta de personal de respaldo y la ausencia de libros de leyes que aseguren el trabajo efectivo del sistema judicial.
Además, denunció que los programas de ayuda legal están desfinanciados, mientras los testigos son intimidados si no se presentan ante la corte.
Mientras, los fiscales generales se aprestan a discutir este martes sobre las reglas bajo las cuales operaría la nueva institución regional, el modo de designación y el pago de los jueces y la financiación. (FIN/IPS/tra-en/bw/cb/lp/ip/97
