Nchanji, de 31 años, fue condenado por el jefe de la comunidad de Tabenken, en el noroeste de Camerún, a recibir 40 azotes por robar batatas de la granja de un vecino.
El castigo se aplicó con tanto rigor en las nalgas del acusado que luego, Nchanji no podía sentarse.
En la misma aldea, un hombre de 60 años encontrado culpable de robar licor de palma fue obligado a llevar 50 cestos cargados de piedras hasta el palacio del jefe tribal, distante dos kilómetros, en sanción por su delito. El castigo sólo se interrumpió al desfallecer el acusado.
El jefe del área de Tabenken, Fon Polycarp Ngwayi, afirma que esos castigos evitan delitos en la aldea y son más eficaces que las penas de prisión, dado que los vecinos pueden observar personalmente las consecuencias de una mala acción.
Otro jefe tradicional, el rey Bouba, de la etnia lamido, asentada en el norte del país, administra también su propia justicia. Bouba cuenta con un ejército de 300 hombres y su palacio alberga una prisión.
Pero la justicia tradicional es impugnada por partidos políticos de oposición y por defensores de los derechos humanos, que desafían la autoridad de los caciques locales.
"El palacio del rey Bouba ha sido transformado en un verdadero centro de torturas. Es el único sitio del país en que todavía existe el trabajo esclavo", aseguró Maigari Bello Bouba, de la opositora Unión Nacional por la Democracia y el Progreso.
Los jefes tradicionales de Camerún violan de modo continuo los derechos humanos, pero sus súbditos no los denuncian, pues se resisten a dar publicidad a los problemas de su comunidad, explicó el abogado Bobga Mbutton.
"La comunidad considera a los jefes tradicionales sus intermediarios ante Dios y teme que la denuncia" de las arbitrariedades de aquellos "provoque la ira divina", dijo Mbutton, director del Centro de Educación para los Derechos Humanos.
"Ese temor ha permitido a los jefes locales arrogarse amplios poderes, incluso funciones propias de instituciones públicas y de las que tienden a abusar, en ocasiones con el tácito apoyo de las autoridades del Estado. Ha llegado el momento de combatir la situación creada", agregó.
HUCLED fue creado hace tres años como organización no gubernamental para investigar, documentar y denunciar las violaciones a los derechos humanos en Camerún. También informa a los ciudadanos acerca de sus derechos.
La organización también dispone de una clínica para la recuperación psíquica de las víctimas de abusos, informó Mbutton. "Además del asesoramiento legal, proporcionamos terapia para la rehabilitación de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos", dijo.
"La víctima no rehabilitada psíquicamente puede optar por la venganza y prolongar de ese modo el ciclo de la violencia", señaló el abogado.
Los jefes y otros personajes influyentes de las comunidades tradicionales administran un sistema autoritario y han institucionalizado el avasallamiento de los derecho humanos, según Mbutton.
"Ya es tiempo de denunciar a esos hombres, que se creen pequeños dioses intocables. En realidad, son ciudadanos comunes, y no tienen el derecho de administrar justicia", afirmó.
"Todo camerunés tiene el derecho a un juicio justo ante los tribunales designados por la ley y ningún señor local está autorizado a aplicar castigos físicos", advirtió el director de HUCLED.
Agregó que más de 65 por ciento de las violaciones de derechos humanos en las comunidades tradicionales se cometen en el hogar y sus víctimas son mujeres y niños.
La organización lleva adelante una demanda judicial en nombre de una viuda residente en Bamenda, una aldea del noroeste, cuyo marido se suicidó.
La viuda acudió a HUCLED cuando el jefe de la comunidad local ordenó la exhumación del cadáver del suicida y su reinhumación en una tumba lejos de la aldea, porque la víctima había tenido "una mala muerte".
"Se trata de un ejemplo escandaloso del modo en que las estructuras tribales tradicionales ignoran los derechos de la población", manifestó Mbutton.
"Estamos determinados a llevar este caso incluso a la Corte Suprema de Justicia, para lograr reparaciones para la familia. Aún los muertos tienen derecho a tratamiento digno", agregó. (FIN/IPS/tra-en/tm/pm/hd/96
