Las masacres de miembros de la etnia hutu continúan en Burundi, lo que no impidió que el gobierno de facto del presidente Pierre Buyoya insistiera ante los países vecinos de Africa central y oriental para que levanten las sanciones económicas aplicadas hace seis meses para forzar su dimisión.
Los últimos asesinatos masivos, reconocidos por el ejército, tuvieron lugar el viernes pasado, sólo cuatro días antes de la entrevista mantenida por el ministro de Defensa, Firmin Sinzoyiheba, con el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, quien le recibió en Kampala este martes.
Sinzoyiheba solicitó el apoyo de Uganda para que se levanten las sanciones impuestas por la región al régimen de Burundi tras el golpe de Estado que llevó de nuevo a Buyoya al poder el 25 de julio del año pasado.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), tras condenar la masacre, informó que en el episodio del viernes fueron muertos 122 refugiados hutu que acababan de regresar al país provenientes de Ruanda.
El ACNUR explicó que un grupo de soldados abrió fuego contra los refugiados retornados cuando una mujer arrojó sobre los militares una granada, pese a que el dispositivo no explotó.
Miles de civiles han sido asesinados en Burundi en los últimos meses, algunos a manos del ejército dominado por la etnia tutsi y otros por las milicias rebeldes hutu que se proponen derrocar al gobierno militar de Buyoya.
Según informes llegados de Kampala, Museveni puntualizó al ministro de Burundi que cualquier decisión de levantar las sanciones tendrá que ser tomada de forma colectiva por los jefes de Estado de Africa central y oriental.
El viaje de Sinzoyiheba debe llevarle a otras capitales de la región, con la misión de presionar a los gobiernos para que levanten unas sanciones que, según declaró el ministro, "hieren" a Burundi.
Los países de Africa central y oriental impusieron el 31 de julio un bloqueo a todo tipo de comercio y transportes de y hacia Burundi, confiando en que la medida forzará un regreso al régimen democrático. El grupo está formado por Tanzania, Kenia, Uganda, Ruanda, Etiopía, Zambia, Zaire y Camerún.
El bloqueo ha afectado duramente a las exportaciones de este pequeño país de Africa central, especialmente las ventas de café, que es su principal renglón exportador. El café representaba 80 por ciento de los ingresos externos y 40 por ciento del producto interior bruto de Burundi antes de las sanciones.
La continuación de las violaciones a los derechos humanos y la forma en que el régimen de Buyoya parece aferrarse al poder no permiten prever que los países vecinos levanten el bloqueo, cuyo mantenimiento es urgido por la oposición étnico-política.
El principal grupo opositor armado -Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia (CNDD), dominado por los hutus- reiteró en Nairobi que el bloqueo debe ser incluso endurecido, y denunció que algunos de los países de la región están violando el cerco económico, especialmente Ruanda.
En una carta enviada la semana pasada al Comité de Control de las Sanciones, el CNDD denunció que Ruanda permitió el tráfico de diversos productos hacia el mercado de Burundi. (FIN/IPS/tra-en/mn/kb/arl/ip/97
