La ocupación de cinco predios en Pontal de Paranapanema, a 600 kilómetros de Sao Paulo, y el asesinato de dos campesinos en el Norte del país, inauguraron en los últimos dias un año de nuevos conflictos por la tierra en Brasil.
Los dos principales actores están definidos y fortalecidos en la disputa por el padrinazgo de la reforma agraria.
El gobierno obtuvo en 1996 nuevos instrumentos legales para promover su limitada reforma agraria, mientras el Movimiento de los Trabajadores sin Tierra (MST) ganó el apoyo de la opinión pública incluso en las ciudades.
Paranapanema es una de las areas con mayor tensión social en el país desde hace por lo menos dos años, cuando el MST intensificó sus acciones movilizando unas 4.000 familias de campesinos.
Las ocupaciones simultáneas de cinco predios ocurrieron en la madrugada de este lunes y fueron protagonizadas por cerca de 1.300 familias.
Se trató de una respuesta a la organización de "milicias paramilitares" por parte de hacendados de la región que amenazan enfrentar a tiros el movimiento, explicó el lider del MST local José Rainha Junior, que reclama la intervención de la Policía Federal para desarmar a los pistoleros, que "son ex policías".
Los dos campesinos fueron asesinados el sábado en Eldorado de Carajás, donde la policía del Estado de Pará mató a 19 sin tierra en abril del año pasado, provocando una ola de protestas y de reclamos por la reforma agraria en todo el país.
En este caso, los dos muertos, acribillados por decenas de tiros, no formaban parte del MST sino que ocuparon tierras de una hacienda local en el marco de una acción aislada.
La policía detuvo a dos hombres contratados para la seguridad del predio, a quienes incautó gran cantidad de armas.
La violencia en el campo es tradicional en Brasil, especialmente en Pará, donde son frecuentes los asesinatos de sindicalistas, sacerdotes, abogados y políticos que defienden a campesinos.
Pero ya no hay clima para masacres practicadas por la propia policía local, como la de Eldorado de Carajás y otra ocurrida ocho meses atrás en Corumbiara, en el noroeste del país, evaluó José Pedro Stédile, economista y principal ideólogo del MST.
El gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso promovió avances en la cuestión agraria, pero que son "insuficientes para solucionar los problemas agrícolas del país" y se destacan sólo en comparación con gestiones anteriores prácticamente ineficaces, indicó Stédile.
El ministro de Política Agraria, Raul Jungman, un funcionario de origen comunista, considera negativa para la reforma la actuación del MST.
En el inicio de este año Jungman rompió el diálogo con el movimiento y reiteró ahora "la imposibilidad de negociar con quienes invaden" propiedades e instalaciones públicas.
Los Sin Tierra tienen como principal forma de lucha la ocupación de predios improductivos y también locales gubernamentales, especialmente del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, encargado de ejecutar la política estatal en ese plano.
Jungman considera inútil y contraria a la reforma el enfrentamiento abierto con los latifundistas, que perdieron el apoyo de los empresarios rurales, ahora más preocupados por la producción competitiva en una economía globalizada.
Cardoso calificó de "tigres de papel" a los tradicionales terratenientes que no cultivan la tierra y la mantienen como fuente de poder.
Esa evaluación se basa en la relativa facilidad con que el gobierno logró la aprobación del nuevo Impuesto Territorial Rural, que grava en hasta 20 por ciento al año las grandes propiedades improductivas, y la ley del "rito sumario" para la expropiación de tierras.
Con la elevación del impuesto, aprobada en diciembre, el gobierno espera forzar a los latifundistas a utilizar sus tierras de manera productiva o venderlas. Ya se registró una caída del precio de la tierra en muchas regiones del país.
Esos son los instrumentos con que cuenta el Ejecutivo para acelerar la reforma agraria y asentar a 280.000 familias en los cuatro años de la gestión de Cardoso, que vence en 1998.
En los dos últimos años se superó la meta de 100.000 familias asentadas, aseguró Jungman.
Pero esa cifra oficial es cuestionada por el MST, que considera indispensable mantener las ocupaciones para presionar al gobierno a realizar su "tímida" reforma agraria. Stédile duda de la efectividad el impuesto, por la falta de decisión de las autoridades para cobrarlo .
La disputa entre el gobierno y el MST se explica no sólo por las acciones que lindan la ilegalidad llevadas a cabo por los Sin Tierra.
El movimiento ganó fuerte respaldo popular el año pasado, especialmente después de la masacre de Eldorado de Carajás y la detención de sus líderes en Pontal de Paranapanema.
Diolinda Alves, esposa de Rainha, fué detenida dos veces. Su imagen de madre de un niño de dos años y militante decidida en favor de sus compañeros sin tierra conmovió el país y conquistó a la opinión pública. (FIN/IPS/mo/dg/pr-ip-if/97
