Las próximas semanas serán decisivas para la pretensión del presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, y sus partidarios de seguir en el poder por cuatro años más.
La Cámara de Diputados debe votar, en dos vueltas, la enmienda constitucional que permite la reelección presidencial, poniendo fin a una norma que nació con la República en 1889.
La Comisión Especial encargada del tema debe aprobar el martes la propuesta que irá a la votación plenaria, que los líderes parlamentarios del gobierno intentarán realizar en la misma semana, pero probablemente tendrán que aplazar para asegurarse la mayoría necesaria.
Una semana después se pretende votarla en segunda vuelta, exigida para casos de modificaciones en la Constitución. Tanta rapidez contrasta con las costumbres parlamentarias brasileñas, que suelen demorar meses o años la votación de materias urgentes.
El tema acapara los debates y las energías políticas desde hace un año, haciendo que muchos, incluso Cardoso, deseen un desenlace inmediato.
El Congreso fue convocado en forma extraordinaria del 6 de enero a 6 de febrero para concluir el asunto, aunque se intentó disimularlo con una pauta que incluye muchos proyectos más.
Para aprobar la enmienda, el oficialismo tiene que alcanzar 308 votos en una Cámara de Diputados, de 513 miembros, ya que modificaciones constitucionales exigen mayoría de tres quintos, además de dos votaciones en la Cámara y otro tanto en el Senado.
Líderes del gobierno en la Cámara aseguran que cuentan ya con 330 votos favorables. "Es un bluff", afirmó el ex alcalde de Sao Paulo y virtual candidato presidencial de la derecha Paulo Maluf.
El oficialismo no tiene más que 264 votos seguros, dijo Maluf, cuyo Partido Progresista Brasileño (PPB) forma parte de la coalición gubernamental, controlando el Ministerio de Industria y Comercio, a través de su dirigente Francisco Dornelles.
Una encuesta hecha por el diario Folha de Sao Paulo entre 488 diputados apuntó que solo 204 están decididos por la reelección, mientras 129 votarán en contra y hay 75 indecisos. Otros 61 sólo la aceptan para los futuros gobernantes, no para los actuales.
La "batalla de los números" generó un suspenso en el mundo político e inseguridad en las filas gubernamentales, que intensificaron presiones y negociaciones con los grupos parlamentarios.
Está ocurriendo una "compra descarada" de votos, acusó Maluf, aludiendo a informaciones trascendidas de promesas de cargos políticos, ofertas de otro ministerio a su partido y una intensa peregrinación de diputados al palacio presidencial.
Maluf se convirtió en el jefe más visible de la oposición. Selló una alianza con la izquierda, que siempre lo consideró como el mayor enemigo, pero no logró unir a su propio partido en esa posición.
El ex alcalde de Sao Paulo asegura que cuenta con 60 de los 87 diputados del PPB, pero Dornelles, quien desafía su liderazgo dentro del partido, calcula que no llegan a 40.
Además del PPB, la reelección divide el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), mayoritario en el Congreso y en cantidad de municipios, que buscará este domingo en una convención un difícil consenso.
Cardoso enfrenta algunas disidencias incluso en su propio partido socialdemócrata, lo que constituye un fuerte argumento para los opositores.
La reelección contribuye a debilitar a los partidos, cuyo fortalecimiento se considera necesario para la democracia. Además, se agravaría otro problema: el uso del poder estatal para promover la candidatura oficialista.
Para contrarrestar tales argumentos, los partidos más fieles al presidente iniciarán este domingo una campaña por televisión, señalando que "democracias modernas", como las de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, permiten la reelección, que sólo mantiene a los buenos gobiernos.
Para obtener el derecho de Cardoso a disputar su propia sucesión en octubre de 1998, el oficialismo enfrenta numerosos obstáculos.
El PPB cuestionó ante el Supremo Tribunal Federal la constitucionalidad de la convocatoria, por el presidente, de las sesiones extraordinarias del Congreso, que sólo se justifican en casos urgentes de interés público, una situación en la que no se incluiría la enmienda para la reelección.
El máximo tribunal debe emitir un fallo sobre el tema este lunes. Luego las piedras en el camino serán los mecanismos de obstrucción. La oposición pretende forzar aplazamientos en la votación e incluir modificaciones en el proyecto.
El veto a los actuales gobernantes, porque fueron elegidos bajo reglas que no prevén la reelección, y someter la decisión del Congreso a un referendo popular son algunas propuestas opositoras que el gobierno tendrá que sortear. (FIN/IPS/mo/ag/ip/97
