El virtual secuestro y las torturas sufridas en Bolivia por un defensor de los derechos humanos fortaleció la ofensiva de sindicalistas y opositores contra el gobierno, al que ya acusaban de la muerte de nueve mineros.
Waldo Albarracín, presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), denunció que el sábado fue sacado por la fuerza de un autobús por ocho desconocidos que, luego de golpearlo, lo llevaron al cuartel de la Policía Técnica Judicial de La Paz.
Mientras, cinco ministros comparecen ante la Cámara de Diputados por el trágico enfrentamiento entre la policía y trabajadores en los centros mineros Amayapampa, Capasirca y Llallagua, que causaron la muerte a nueve obreros y a Eduardo Rivas, comandante del Grupo Especial de Seguridad.
A los incidentes que determinaron a la Cámara de Diputados a llamar a sala a los ministros de Gobierno (Interior), Defensa, Comunicación, Desarrollo Humano y Trabajo, se sumó el caso de Albarracín.
El presidente de la APDHB aseguró que fue colocado boca abajo en el interior de un vehículo policial y golpeado por sus secuestradores, que inicialmente se identificaron como "terrorista", aunque luego lo condujeron a las oficinas de la Policía Técnica Judicial.
"Me doblaron la mano, recibí golpes en la cabeza, en la espalda, rostro, columna y los riñones. Incluso me apretaron los testículos y me dijeron que me iban a matar, que eran mis últimos instantes de vida", relató Albarracín en la clínica privada en que se recupera.
El activista presenta una fisura en una costilla y contusiones en el cuerpo, según el diagnóstico médico.
Ante los hechos, la Asamblea de Derechos Humanos acusó al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada de "secuestro y tentativa de asesinato" y exigió identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del hecho.
En respuesta, el gobierno informó que la detención de Albarracín era legal, ya que había una orden en su contra por supuesta sedición.
Pero el ministro de Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín, admitió que dos oficiales de Inteligencia de la Policía cometieron excesos y actuaron al margen de los procedimientos legales en la detención de Albarracín.
La acusación de sedición se debe a declaraciones de Albarracín a la prensa, en las que habría afirmado que la muerte de Rivas fue causada por un arma de la policía.
Los graves incidentes en Amayapampa, Capasirca y Llallagua estallaron cuando la policía intervino para desalojar a los trabajadores que habían tomado por la fuerza una mina propiedad de un consorcio canadiense.
Dirigentes sindicales y políticos de oposición solicitaron la renuncia del ministro Sánchez Berzaín, a quien consideran impulsor de una supuesta práctica de "terrorismo de Estado".
A esas protestas se sumó la Iglesia Católica, que mediante un comunicado expresó su preocupación ante la "violencia institucionalizada", que podría poner en peligro la convivencia democrática.
Según la jerarquía católica, en los episodios en los centros mineros y en la detención de Albarracín "está presente el denominador común del total desprecio por la legalidad" y "predomina la lógica de la violencia, intolerancia y prepotencia". (FIN/IPS/jcr/ff/hd/97
