El sindicalismo y la oposición política de Argentina manifestaron hoy escepticismo ante el diálogo entre trabajadores y empresarios, convocado para buscar soluciones al alto desempleo y debatir el proyecto de reforma laboral.
El secretario general de la Confederación General del Trabajo, Rodolfo Daer, advirtió que esa central sindical mayoritaria "no aceptará circunscribir el diálogo a la reforma laboral", como quieren los empresarios, sino que propondrá "que se discutan modificaciones a la política económica del gobierno".
Pero la Unión Industrial Argentina (UIA) ya advirtió que sólo aceptará reunirse con los sindicatos y el gobierno la semana próxima si el modelo económico queda fuera de la discusión.
"No vamos a discutir el programa económico", confirmó este miércoles el vicepresidente de la UIA, Claudio Sebastiani.
La CGT considera que la desocupación abierta, que llegó a 17,4 por ciento en 1996, no es consecuencia de la demora de la flexibilización laboral, como creen las empresas, sino que es efecto de una política arancelaria, tributaria y fiscal que debe cambiar.
Del mismo modo se expresó la Unión Cívica Radical, el principal partido de oposición. Su presidente, Rodolfo Terragno, manifestó desconfianza en el éxito del diálogo entre empresarios y trabajadores, debido a la falta de voluntad de los primeros a poner en debate el modelo económico.
"Los empresarios sólo quieren discutir sobre flexibilización, cuando todos los indicadores económicos muestran que en los últimos cinco años hubo flexibilización de hecho, se redujo el costo laboral, aumentó la productividad, y el país tiene una desocupación que sólo tienen pocos países en el mundo", dijo Terragno.
Según Terragno, el desempleo, que pasó de 6,4 a 17,4 por ciento desde 1991, cuando que se puso en marcha el programa de estabilización, no es consecuencia de la falta de leyes para flexibilizar los contratos laborales y abaratar despidos, como creen los empresarios y el gobierno.
La CGT, tradicional aliada del oficialismo, lanzó en los últimos seis meses tres huelgas generales contra la amenaza de flexibilización. En diciembre, el presidente Carlos Menem decidió no esperar la aprobación paralamentaria y firmó tres decretos de flexibilización.
La justicia consideró que los decretos son inconstitucionales porque afectan derechos laborales que datan de varias décadas. Tras su derrota en los tribunales, el gobierno aceptó negociar con el sindicalismo una reforma laboral de amplio respaldo, e invitó también al diálogo a las empresas.
Pero esta semana, las sucesivas reuniones de representantes del sector privado con el gobierno demostraron que los empresarios apoyan los decretos presidenciales y no están dispuestos a negociar con el sindicalismo más que la reforma laboral que ellos mismos defienden. (FIN/IPS/mv/ff/lb/97
