La justicia argentina declaró hoy "inconstitucionales" tres decretos del gobierno oficiales para modificar tradicionales leyes laborales.
Este el segundo fallo del mismo tipo que debe afrontar el Ejecutivo contra uno de sus principales objetivos actuales: "flexibilizar"las condiciones de trabajo.
La jueza Susana Gasibe considero este martes nulos y contrarios a la Constitución tres decretos firmados por el presidente Carlos Menem que intentaban sustituir la vigencia ilimitada de los convenios laborales y propiciaban negociaciones salariales directas entre empresarios y trabajadores.
En su fallo, Gasibe sostuvo que esas disposiciones no pueden derogar una ley de jerarquía superior, en alusión a la Constitución, y "violar los convenios internacionales de la Organización Internacional de Trabajo".
La demanda había sido presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) la principal central gremial del país, que también organizó un paro nacional al 26 de diciembre de rechazo a los decretos que procuraban avanzar en la denominada "flexibilización laboral".
El dictamen de Gasibe coincidió con otro de comienzos de mes de su colega Julio García Martínez, quien también consideró que la iniciativa oficial se opone a derechos consagrados por la Carta Magna.
García Martínez recibió duras criticas ed funcionarios del gobierno, quienes incluso no descartaron la posibilidad de iniciarle un juicio político en el Parlamento, el mecanismo para impulsar su destitución.
Las autoridades argumentan que la desregulación de las leyes del trabajo contribuirá a disminuir la elevada desocupación en el pais, del 17,3 por ciento de la poblacion económicamente activa (PEA).
Sin embargo, en varios sectores de la industria y el comercio se vienen aplicando acuerdos laborales especiales que no han creado fuentes laborales adicionales, señalaron expertos.
El desempleo -que faceta a más de dos millones de personas sobre una PEA de 13 millones- se ha triplicado desde el inicio de la aplicación del programa de convertibilidad, en 1991.
Influyentes sectores empresariales, que respaldan con entusiasmo la idea de transformar conquistas laborales obtenidas en anteriores gobiernos peronistas, se expresaron a favor de que esa iniciativa sea aprobada por una ley del Parlamento, por entender que "tiene mayor fuerza jurídica".
El gobierno habia aceptado un fallo anterior de la jueza Gasiba de "no innovar", es decir, de abstenerse a aplicar los decretos.
Esa actitud oficial fue interpretada como un gesto para que la CGT retornara a la mesa de las negociaciones.
Sin embargo, la nueva decisión de la magistrada abre un interrogante sobre el futuro del diálogo ya acordado entre wl gobierno y dirigentes de la CGT, que en los últimos meses habían profundizado sus críticas a la política socioeconómica del Ejecutivo.
LA CGT llamó a tres paros generales en menos de cinco meses, en julio, agosto y diciembre pasados, luego de haber mantenido una actitud dialoguista con las autoridades, sin resultados positivos para las aspiraciones laborales.
Según juristas, es posible que el gobierno decida apelar ante la Corte Suprema de Justicia, cuestionada por la oposición y por la opinión, de acuerdo con recientes encuestas, por favorecer las aspiraciones de las autoridades. (FIN/IPS/of/dg/ip-if-lb/97)
