El gobierno y la central sindical mayoritaria de Argentina retomaron hoy el diálogo en busca de consenso para una reforma laboral que permita frenar el creciente desempleo.
Tras fallos de la justicia que declararon inconstitucionales los decretos de flexibilización laboral firmados por el presidente Carlos Menem en diciembre, los ministros de Trabajo e Interior y el jefe de gabinete aceptaron reunirse este jueves con la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT).
La CGT, cercana históricamente al peronismo en el poder, realizó cuatro paros generales desde la reelección de Carlos Menem en 1995,
No obstante, el senador Eduardo Menem, hermano del presidente, anticipó que el encuentro no implica que se vaya a producir un cambio en el modelo económico, como pretende el sindicalismo, que plantea una rectificación del rumbo en materia tributaria, arancelaria y financiera.
El gobierno se avino a dialogar con los sindicalistas con miras a recuperar el respaldo de la CGT en un año de expectativas por las elecciones legislativas de octubre que podrían resultar adversas al oficialismo debido al malestar social imperante.
El encuentro antecede además a una reunión del peronismo convocada por Menem para este sábado con el fin de discutir la estrategia que seguirá el oficialismo en este año clave.
Gobernadores provinciales, ministros, legisladores y dirigentes expondrán allí su diagnóstico de la situación económico social.
El sindicalista Armando Cavallieri explicó que la propuesta de la CGT es debatir íntegramente sobre el problema del desempleo y no sólo la flexibilización. El dirigente consideró que la flexibilización existe "de hecho" por la gran cantidad de trabajadores desocupados que presionan sobre los activos.
Desde que se puso en marcha el plan de convertibilidad, en 1991, la tasa de desempleo pasó de seis a 17,3 por ciento.
Una investigación del Congreso de los Trabajadores, una entidad sindical, señala que si se incluye a los subocupados hay más de siete millones de personas con problemas de empleo.
Entre los desocupados plenos, casi la mitad vive por debajo de la línea de pobreza. En el último año, los desempleados pobres aumentaron 13 por ciento, un fenómeno que preocupa al gobierno y que podría representar una amenaza ante los comicios que se realizarán este año.
El sector del oficialismo que impulsa la candidatura del gobernador de la provincia de Buenos Aires Eduardo Duhalde para los comicios presidenciales de 1999 cuestiona la falta de soluciones al desempleo y manifiesta cierto descreimiento respecto de la flexibilización.
El gobierno asegura que la flexibilización de las normas de contratación laboral permitirá bajar los costos del empleo y habilitará la creación de nuevos puestos de trabajo.
Pero los proyectos, que a juicio de los sindicalistas precarizarán las condiciones del empleo, no consiguen sanción paralamentaria.
El proyecto oficial, que cuenta con el respaldo general de los empresarios, implica flexibilizar horarios, vacaciones y licencias, reducir los montos de las indemnizaciones por despido y disolver convenios específicos que beneficiaban a los trabajadores de gremios como el de periodistas.
La CGT había mantenido un bajo perfil durante la primera gestión de Menem (1989-95), cuando el objetivo prioritario del gobierno era combatir la alta inflación.
Pero desde 1995 realizó cuatro huelgas generales contra la administración Menem, la última el 26 de diciembre en respuesta a los decretos.
Este mes la justicia laboral falló contra los decretos y los sindicalistas consiguieron que el gobierno se comprometa a llevar adelante la reforma laboral a través del Congreso. De lo contrario, no contará con su respaldo en las elecciones.
"No vamos a votar al candidato peronista si fracasa la negociación", anticipó el secretario general de la CGT Rodolfo Daer en vísperas del diálogo. "De haber entendimiento, los vamos a apoyar", precisó.
"Este es un año de elecciones y en el peronismo hay una profunda discusión. Si el acuerdo tiene éxito va a repercutir en las elecciones", aseguró.
La intención del gobierno es tratar de consensuar la reforma laboral, cediendo en algunas de las demandas relativas a la organización de los sistemas de prestación de servicios sociales que manejan los sindicatos y que, de prosperar una iniciativa oficial, quedarían expuestos a la competencia privada.
Las llamadas obras sociales otorgan un fuerte poderío económico a los sindicatos, que reciben un aporte fijo mensual y obligatorio de los trabajadores de su respectivo gremio para solventarlas. El gobierno propone que los afiliados puedan elegir la prestación de mejor calidad, incluso entre las privadas. (FIN/IPS/mv/dg/ip-lb/97
