Una ofensiva del gobierno de Argentina para elevar la recaudación impositiva y hacer frente a sus compromisos internacionales generó una fuerte puja con los pequños comerciantes castigados por la recesión.
El gobierno de Carlos Menem puso en vigor una Ley de Clausuras que autoriza a inspectores impositivos a cerrar comercios sin necesidad de recurrir a un instancia judicial y también pueden recurrir a la policía para la detención de un cliente que no haya solicitado la factura de compra y se niegue a pagar una multa.
Argentina padece una evasión tributaria de unos 40.000 millones de dólares, pero comerciantes y expertos en derecho tributario señalaron este sábado que la medida oficial no ofrece nuevos recursos jurídicos para atacar a los grandes evasores, sino que se centra en los comercios de escaso movimiento.
Luis María Peña, ex jefe de un grupo especial de la Dirección General Impositiva del gobierno de Menem conocido como "los intocables", afirmó que "los grandes evasores se mueren de risa" con esa ley.
"Ellos van a entregar los comprobantes en forma, pero hay cosas mucho menos transparentes, y esto está fuera de control", añadió.
En un intento por demostrar una lucha frontal contra la evasión impositiva, Menem promulgó la ley 24 horas después de que los comerciantes de la central ciudad de Carlos Paz, el segundo destino turístico del país, rechazaran la presencia de los inspectores fiscales en plena temporada de verano.
La virtual rebelión fiscal en esa ciudad de la provincia de Córdoba, 700 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, amenaza con extenderse a otras ciudades, debido al malestar de los pequños y medianos empresarios por la creciente presión fiscal, dijeron este sábado fuentes de cámaras comerciales.
El diputado Jesús Rodríguez, de la Unión Cívica Radical, segunda fuerza política argentina, cuestionó que la ley autorice a multar con hasta 2.000 dólares al contribuyente que no pueda comprobar que reclamó la factura de su compra.
"?Cómo van a hacerle para cobrarle a los desocupados o a los pensionados, que en su inmensa mayoría ganan 150 pesos (igual a dólares) al mes?", se interrogó Rodríguez, quien fue ministro de Economía durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-89).
Los expertos opinaron que la ley no simplifica la estructura impositiva ni cambia la orientación de la presión fiscal, que en Argentina equivale a más de 14 por ciento del producto interno bruto (PIB).
En los países industrializados la presión fiscal representa 30 por ciento del PIB en promedio, y en Brasil y México 20 por ciento, pero su fuente principal de recaudación son los impuestos a las ganancias y al patrimonio.
En Argentina, por el contrario, el mayor peso recae sobre el consumo, a través del Impuesto al Valor Agregado, que representa 50 por ciento de los ingresos tributarios del país.
Argentina se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a reducir a 3.000 millones de dólares su déficit fiscal en este año, es decir, la mitad del registrado en 1996, según un documento de entendimiento difundido recientemente. (FIN/IPS/of/ag/if/97
