Miles de paraguayos obligados a abandonar casas y empleos debajo del embalse de la represa Yacyretá cifran sus esperanzas de reparación en los consejos ejecutivos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), principales financiadores del proyecto.
Se prevé que los directores ejecutivos de ambas instituciones en Washington decidirán el próximo mes si investigarán exhaustivamente los problemas ambientales y sociales generados por la construcción de la central hidroeléctrica cuya propiedad comparten Argentina y Paraguay.
"Los afectados están esperanzados y sienten que este es su único recurso", dijo Glenn Switkes, director del programa latinoamericano de la no gubernamental International Rivers Network, con sede en Estados Unidos.
Los paraguayos, agregó Switkes, "sienten que agotaron toda posibilidad de obtener compensaciones de la EBY" (Entidad Binacional Yacyretá), la institución que administra la represa.
Pero distintas fuentes sostienen que los consejos ejecutivos del BID y el Banco Mundial, relativamente inexperientes en el manejo de estos casos, están bajo presión para abortar las investigaciones.
Esta es la primera prueba para el proceso de inspecciones del BID. Los directores ejecutivos del banco, reunidos el 15 de enero, no llegaron a una decisión al respecto y, en su lugar, derivaron el caso a un comité secundario del consejo.
Algunos integrantes del consejo están a favor de convocar una inspección independiente, pero tienen dificultades para convencer al resto.
El consejo del BID no tomará una decisión antes que los directores ejecutivos del Banco Mundial se hagan cargo de la cuestión el 6 de febrero.
Los afectados que presentaron el reclamo son habitantes de Encarnación, la tercera ciudad de Paraguay, ubicada a 100 kilómetros de la represa de Yacyretá.
Unas 5.000 personas fueron obligadas a mudarse de sus hogares a viviendas precarias lejanas de sus lugares de trabajo y las escuelas de sus hijos debido a que la represa, cuya construcción aún no concluyó, elevó la altura del río Paraná y sumergió sus viejos vecindarios.
Un reclamo escrito fue presentada en septiembre de 1996 al BID y el Banco Mundial a través de la organización no gubernamental Sobrevivencia, filial paraguaya de Amigos de la Tierra.
Al mismo tiempo, una gran superficie de tierras vírgenes que alberga especies de flora y fauna únicas en el mundo está en riesgo de quedar bajo el embalse, según el escrito.
Pueblos indígenas obligados a abandonar sus posesiones, reconocidas por la constitución de Paraguay, han sido trasladados a tierras yermas atravesadas por carreteras y cables de transmisión de electricidad de alta tensión.
Según el reclamo presentado por Sobrevivencia, el Banco Mundial y el BID no observaron sus propias reglas sobre ambiente, desplazamientos involuntarios, supervisión de proyectos y suspensión de desembolsos, entre otras, al suministrar 1.600 millones de dólares de financiamiento desde 1979.
Integrantes del panel independiente de inspección de ambas instituciones visitaron el mes pasado la represa y las áreas afectadas para analizar la veracidad de las acusaciones y determinar si Sobrevivencia representa realmente a los residentes de la zona.
Gerentes de los dos bancos procuraron impedir la inspección a través de cuestionamientos a la representatividad de la organización no gubernamental paraguaya.
En base a esas investigaciones, el presidente del BID, Enrique Iglesias, y el panel independiente del Banco Mundial recomendaron el mes pasado a sus respectivos consejos ejecutivos que aprobaran una inspección exhaustiva.
Pero esa recomendación choca con la oposición de directores ejecutivos que poseen conexiones políticas con Argentina y Paraguay y de otros que se oponen al propio sistema de inspecciones de los bancos, informaron fuentes oficiales y no gubernamentales.
La represa traba el curso del río Paraná en la frontera entre Argentina y Paraguay. Ambos países poseen partes iguales del ingenio, cuya construcción sobrepasó nueve años las previsiones iniciales. Además, se gastaron 8.000 millones de dólares en lugar de los 1.500 millones previstos.
Las viviendas de 50.000 pobladores de Encarnación y de la ciudad argentina de Posadas quedarán bajo el embalse en 1998, cuando se prevé la conclusión de la obra, según el escrito presentado por Sobrevivencia.
Al principio, los afectados "fueron escépticos" respecto de la investigación, pero "la visita de los inspectores les generó expectativas", dijo Switkes, quien acompañó a los funcionarios en las comunidades afectadas.
"Este fue el primer signo real de atención que percibieron los pobladores por parte del Banco Mundial y el BID", agregó.
Los afectados procuran una compensación justa por la pérdida de sus hogares y fuentes de ingresos, así como servicios de salud adecuados e infraestructura básica en los lugares donde se los reubique.
Organizaciones no gubernamentales de América Latina, Europa y Estados Unidos vigilan de cerca el proceso para llegar a una conclusión sobre la credibilidad de los mecanismos de inspección de los dos bancos, creados hace dos años.
"Esta es una prueba para determinar si el consejo del Banco Mundial seguirá las recomendaciones del panel. Si el consejo se rehúsa a ello, el panel de inspección no tendrá credibilidad como herramienta de las comunidades", según Dana Clark, abogada del Centro para las Leyes Internacionales Ambientales.
En el caso del BID, la prueba será más severa.
"Desde que se presentó el reclamo, quedaron demostradas las fallas del mecanismo de inspección del BID", que no cuenta, como sí sucede en el Banco Mundial, con "un cuerpo permanente para hacerse cargo de estos casos, garantías de confidencialidad ni orientación para los reclamantes", dijo Clark. (FIN/IPS/tra- en/aa/yjc/mj/en if pr/96
