La tasa de envejecimiento de la población latinoamericana aumenta más rápido que lo previsto y llegaría a 12 por ciento en el 2020, contra 7,1 por ciento actualmente y 5,6 en 1950, señala un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El documento, divulgado esta semana, observa que fueron necesarias cuatro décadas para que el número de personas con más de 60 años subiera 1,5 por ciento en el total de la población latinoamericana, pero en las próximas tres décadas el aumento será de casi cinco por ciento.
En números absolutos, en América Latina hay actualmente unos 33 millones de personas con más de 60 años y en el año 2020 serán 70 millones.
En el mismo período, la proporción de personas entre 20 y 60 años crecerá mucho menos que la de ancianos.
Es un buen augurio saber que la población tendrá una existencia más larga, pero al mismo tiempo una mala noticia, porque todo indica que los años ganados en la batalla contra la muerte no serán fáciles y mucho menos tranquilos.
El aumento de la expectativa de vida provocará una sobrecarga intolerable a todos los sistemas de jubilación y pensiones de América Latina, que ya están en crisis, con déficit crónicos insolubles y pensiones que están por debajo del sueldo mínimo.
Los expertos en seguridad social hablan de una «trampa demográfica», mientras los sociólogos alertan sobre un nuevo conflicto generacional y los economistas construyen fórmulas fantásticas que nadie garantiza si funcionarán.
No hay estadísticas actualizadas sobre la crisis en el sistema de jubilaciones en América Latina, pero el caso estadounidense puede echar algunas luces, bajo la premisa de que si allá esta mal aquí será peor.
Según datos oficiales del gobierno de Estados Unidos, cinco trabajadores contribuyen actualmente para mantener un jubilado. En el año 2010, ese mismo pensionista será sostenido por solo tres trabajadores.
Como en los próximos 13 años la expectativa es que los sueldos aumenten menos que el número de nuevos jubilados, hay dos opciones: o las pensiones bajarán aún más o, para mantener los niveles actuales de ingreso, miles de personas con más de 60 años tendrán que continuar trabajando hasta su muerte.
Si en la década de los 60 la expectativa media de un empleado era de vivir aproximadamente siete por ciento de su vejez en situación de retiro, ahora la tasa subió a más de 20 por ciento. En países como Costa Rica, Chile y Cuba puede llegar a 26 por ciento.
Los economistas afirman que se debe posponer la edad mínima de jubilación y aumentar la contribución de los trabajadores en actividad a los institutos de seguridad social, para evitar la quiebra inmediata y masiva del sistema de jubilaciones. Pero el cambio enfrenta la doble oposición de ancianos y jóvenes.
Sociólogos como la estadounidense Susan MacManus afirman que la situación empeorará porque es inevitable también un conflicto generacional, ya no más sobre costumbres sino sobre dinero.
Los debates actuales en varios países latinoamericanos van en la dirección de una agria polémica entre ancianos y jóvenes en la votación de las leyes sobre reforma de la seguridad social.
Los viejos controlan la política y pueden imponer leyes que les favorezcan, pero los jóvenes son los que pagan, y muchos están disconformes, porque saben que necesitarán trabajar más años y cuando llegue su turno de pasar a retiro todo indica que no tendrán los mismos derechos sociales de sus padres y abuelos. (FIN/IPS/cc/dg/pr/97
