El episodio del secuestro de la embajada japonesa en Lima ha desnudado lo que parece ser una nueva costumbre entre los gobiernos latinoamericanos. Si en materia comercial casi todos los países buscan acciones conjuntas, en política cada uno va por su lado.
El gobierno peruano constató desde el inicio del secuestro protagonizado por el Movimiento Tupac Amaru (MRTP), el 17 de diciembre, que la solidaridad de países vecinos se limitó a la retórica antiterrorismo, pero en la práctica la mayoría optó por dar prioridad a los intereses nacionales.
Brasil llamó a su embajador en Lima después de que el diplomático fue liberado por los secuestradores, supuestamente para actuar como negociador.
La justicia de Uruguay puso en libertad a dos detenidos del MRTA pedidos por Perú para lograr la liberación del embajador de ese país secuestrado en la fatídica fiesta en la embajada japonesa, donde fueron capturadas unas 400 personas, en su mayor parte diplomáticos extranjeros y funcionarios peruanos de alto rango.
En Honduras y Bolivia también han surgido presiones domésticas para arreglos privados con los secuestradores.
La contradicción entre las actitudes políticas nacionalistas y la retórica económica transnacional de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos tiene su explicación en el fenómeno del creciente divorcio entre el mundo empresarial y el mundo político-partidario en la región.
Mientras los empresarios actúan cada vez más en la arena internacional a través de bloques económicos regionales, los políticos empiezan a limitar sus horizontes a las fronteras nacionales.
Se trata de una inversión de valores en relación a los años 60 y 70, cuando el comercio internacional era un mero instrumento de la política y de la ideología.
El bloqueo económico estadounidense contra Cuba es un ejemplo clásico de esa situación típica de la Guerra Fría.
La novedosa tendencia hacia un divorcio entre política y economía en el continente refleja un cambio en las relaciones de poder en América Latina, que aún no ha sido tomado en cuenta por la opinión pública en general.
El mundo de los negocios está siendo manejado como una entidad autónoma y considera a la política una molestia o un mal tolerable, por el momento.
La elite empresarial, publica y privada, sólo piensa en ampliar las inversiones y utilidades, mientras pasa a los legisladores y gobernantes la factura por las consecuencias del ajuste económico en el campo social.
Los políticos se consideran a su vez traicionados por sus antiguos aliados incondicionales en el área económico-empresarial.
Afirman que se les ha pasado una cuenta que no pueden pagar porque se les quitaron los recursos financieros tras la reducción del papel del Estado.
Mientras ambas partes protagonizan un peligroso pingpong con la cuestión social, los indicios de malestar entre los latinoamericanos aumentan en intensidad, conforme señaló la revista inglesa The Economist en una de sus ediciones más recientes.
El fantasma de la guerrilla reapareció también en Chile, tras una espectacular fuga de detenidos políticos de una cárcel.
En Perú el secuestro agudizo viejas tensiones mientras en México y Colombia el factor insurreccional sigue en evidencia, neutralizando la esperanza generada por el fin de 30 años de guerrilla en Guatemala. Huelgas y protestas aumentan de frecuencia en toda la región.
El gran interrogante es cómo enfrentar la agitación social cuando empresarios y políticos ya están viviendo en mundos separados.
¿Cómo evitar que las elites políticas de cada uno de los países, al tratar de sobrevivir por cuenta propia, no caigan en la tentación nacionalista? La herencia o deuda social de la pareja disuelta aún sigue sin definirse. (FIN/IPS/cc/dg/ip/97
