Sentado a la vera del camino cerca de la granja en el Estado Libre de Orange donde trabajó la mayor parte de su vida, William Malepane contemplaba, junto con su esposa y sus cinco hijos, un incierto futuro.
La familia de Malepane cargaba unos pocos paquetes donde habían guardado la ropa y los muebles, las únicas propiedades que pudieron adquirir en los últimos 20 años. Ahora se veían obligados a abandonar su hogar.
"Mi patrón dijo que no había más trabajo para mí, así que nos tuvimos que ir. Y las tierras le pertenecen a él, no importa que hayamos estado en ellas durante todas nuestras vidas", dijo Malepane, con la mirada ausente.
Además de la casa, la familia abandonó los magros 250 rands (unos 53 dólares) que obtenía cada mes por el trabajo del padre.
Podían considerarse afortunados entonces. La mayoría de los trabajadores rurales obtienen entre 21 y 42 dólares mensuales, y, en compensación, se les permite apacentar ganado o tener plantaciones alrededor de sus viviendas.
Los desalojos forzados son el pan de cada día en este país de Africa austral, especialmente en el Estado Libre de Orange, una de las nueve provincias de Sudáfrica.
En el período de segregación racial institucionalizada (apartheid) que se extendió desde el siglo XVII hasta 1992, los negros, que constituyen 73 por ciento de la población del país, poseían apenas 13 por ciento de las tierras.
Los negros también fueron desplazados por la fuerza a tierras de mala calidad, que recibieron el nombre de "homelands".
De acuerdo con el Departamento de Territorio del gobierno de Sudáfrica, más de 3,5 millones de personas perdieron su derecho de propiedad sobre las tierras debido a los desplazamientos que se sucedieron a lo largo de la historia del país.
Los actuales desalojos parecen el mecanismo a través del cual los agricultores predominantemente blancos que destinan grandes producciones al mercado procuran mantener sus propiedades mientras se implementa una ley provisoria que rige los arrendamientos de tierra.
Aprobada en marzo por el Departamento de Territorio, esta ley garantiza a los arrendatarios el derecho a comprar, con subsidio del estado, los predios que históricamente ocuparon o usufructuaron.
Pero los agricultores evadieron fácilmente esta norma, pues invocaron leyes contra la usurpación de tierras e intrusos que establecen castigos penales a los ocupantes de sus tierras.
Las leyes del pasado de división racial que aún no fueron derogadas también impidieron que la implementación de la ley de restitución de tierras de 1994 fuera eficaz, pues se refiere únicamente a reclamos precisos sobre predios pequeños y no a los desposeídos como tales.
Como resultado, el Comité Nacional de Tierras (NLC), alianza de organizaciones civiles que tratan esta materia, presiona para que al menos se aprueben normas provisorias que protejan a los trabajadores agrícolas de los desalojos que originan los despidos y retiros.
"La opresión política histórica y la explotación económica de los trabajadores agrícolas derivó en la desposesión, la falta de actividad política y de derecho a la organización", sostiene el NLC, que trabaja con el gobierno en procura de una distribución más equitativa de la tierra.
"Un programa de reforma agraria debería incluir garantías para los trabajadores y otras medidas que les permitan acceso a la tierra", según el NLC.
La ley en beneficio de los arrendatarios enfureció a los agricultores blancos, quienes consideran que se concedió a sus costillas nuevos privilegios a los ocupantes de la tierra.
La Unión Agrícola Sudafricana, que reúne a los agricultores, preferiría que el subsidio de 3.000 dólares que otorga el estado para que los trabajadores adquieran las tierras que ocupan se empleara para que pudieran ubicarse en otros predios.
Peter Southey, de la Unión Agrícola de la provincia de Natal, dijo que para los agricultores es "intolerable que se les extraigan pedazos a sus granjas, y que esas pequeñas parcelas se entreguen a 'usurpadores', con todos los problemas que eso supone".
Los granjeros también se quejan de que la norma es "mutilante" y que el período de ocupación fue definido con vaguedad de modo de beneficiar a una cantidad enorme de trabajadores agrícolas. Alertaron, además, que el precio de la tierra caerá en picada.
Por su parte, el ministro de Agricultura, Derek Hanekom, advirtió que las gestiones de los agricultores perjudican las medidas del gobierno para acabar con las rémoras del apartheid y planteó la necesidad de aprobar más leyes que aseguren los derechos de los usufructuarios de tierras. (FIN/IPS/tra- en/gm/jm/mj/pm/dv ip/96
