Una demanda planteada por una niña de 15 años para anular el matrimonio con su violador, que le fuera impuesta por sus padres para "salvar el honor de la familia", puede quedar sin respaldo legal si el Congreso ratifica un proyecto de ley aprobado esta semana en comisión.
Según el texto, los violadores que contraen matrimonio con sus víctimas quedan exentos de pena. Uno de los miembros de la comisión parlamentaria sostuvo que la norma propuesta se basa en uno de los procedimientos consuetudinarios para formar pareja en Perú.
Según estudios especializados, en Perú ocurren tres violaciones cada hora (25.000 al año), cuyas víctimas son por lo general menores de 14 años (92 por ciento de las mujeres y 76 por ciento de los varones).
Sólo la tercera poarte de los casos son denunciados y apenas 11 por ciento llegan a instancias judiciales.
La chica de 15 años, Rosa Esteves, fue violada hace seis meses en Puno, en la sierra sur oriental, por un hombre de 35 años, casi un desconocido para ella, quien la sorprendió a la salida de la escuela.
Para escapar de la sanción penal "la pidió en matrimonio" a sus padres, y luego de desposarla llevó a su víctima a Lima.
En la capital la sometió a maltratos y una vecina la convenció de recurrir a la delegación policial de mujeres, que a su vez la puso en contacto con la organización no gubernamental Defensa de los Derechos de la Mujer.
Esa asociación presentó el 25 de noviembre, en coincidencia con el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, un proyecto de ley para hacer más drásticas las sanciones penales contra la violación y el acoso sexual.
Lejos de acoger el proyecto, la Comisión d Justicia del Congreso aprobó otro, que se basa en el presunto derecho consuetudinario indígena de conquistar a una mujer mediante violación sexual.
La exoneración del violador que contrae matrimonio con su víctima existía desde jucho tiempo atrás en el Código Penal peruano, pero fue suprimida en 1994.
La Comisión de Justicia considera que debe ser repuesta, pues corresponde, según uno de los miembros, a las prácticas ancestrales peruanas.
"Así es la costumbre entre los indígenas de nuestra patria. Los varones aguardan a las mujeres en el campo y las sorprenden, y la violación es el inicio de una pareja generalmente estable", afirma el congresista opositor Aldo Estrada Choque.
Estrada, de ascendencia quechua y miembro del partido Unión Por el Perú, que lidera el ex secretario general de Naciones Unidas Javier Pérez de Cuéllar, afirma que el objetivo de las leyes es fomentar el matrimonio y proteger a la familia.
La violación como método para forzar un matrimonio fue también mencionada por el congresista opositor Javier Alva Orlandini y por los oficialistas Oscar Medelius, Gustavo Flores y Anselmo Revilla, quienes afirman que esa figura jurídica se encuentra en la legislación de numerosos países.
En contra del dictamen de la Comisión de Justicia se pronunciaron de inmediato las organizaciones feministas y juristas defensores de los derechos humanos, así como parlamentarios de diversas tendencias políticas.
La segunda vicepresidenta del Congreso, Martha Hildebrandt, calificó de aberranteàZCZC IPS017 MVD007 BB XA EE XJ XX QN SERVESP .DEVAMVD LA PR
PERU: Polémica por derecho consuetudinario a la violación
por Abraham Lama
LIMA, dic (Especial de IPS) Una demanda planteada por una niña de 15 años para anular el matrimonio con su violador, que le fuera impuesta por sus padres para "salvar el honor de la familia", puede quedar sin respaldo legal si el Congreso ratifica un proyecto de ley aprobado esta semana en comisión.
Según el texto, los violadores que contraen matrimonio con sus víctimas quedan exentos de pena. Uno de los miembros de la comisión parlamentaria sostuvo que la norma propuesta se basa en uno de los procedimientos consuetudinarios para formar pareja en Perú.
Según estudios especializados, en Perú ocurren tres violaciones cada hora (25.000 al año), cuyas víctimas son por lo general menores de 14 años (92 por ciento de las mujeres y 76 por ciento de los varones).
Sólo la tercera poarte de los casos son denunciados y apenas 11 por ciento llegan a instancias judiciales.
La chica de 15 años, Rosa Esteves, fue violada hace seis meses en Puno, en la sierra sur oriental, por un hombre de 35 años, casi un desconocido para ella, quien la sorprendió a la salida de la escuela.
Para escapar de la sanción penal "la pidió en matrimonio" a sus padres, y luego de desposarla llevó a su víctima a Lima.
En la capital la sometió a maltratos y una vecina la convenció de recurrir a la delegación policial de mujeres, que a su vez la puso en contacto con la organización no gubernamental Defensa de los Derechos de la Mujer.
Esa asociación presentó el 25 de noviembre, en coincidencia con el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, un proyecto de ley para hacer más drásticas las sanciones penales contra la violación y el acoso sexual.
Lejos de acoger el proyecto, la Comisión d Justicia del Congreso aprobó otro, que se basa en el presunto derecho consuetudinario indígena de conquistar a una mujer mediante violación sexual.
La exoneración del violador que contrae matrimonio con su víctima existía desde jucho tiempo atrás en el Código Penal peruano, pero fue suprimida en 1994.
La Comisión de Justicia considera que debe ser repuesta, pues corresponde, según uno de los miembros, a las prácticas ancestrales peruanas.
"Así es la costumbre entre los indígenas de nuestra patria. Los varones aguardan a las mujeres en el campo y las sorprenden, y la violación es el inicio de una pareja generalmente estable", afirma el congresista opositor Aldo Estrada Choque.
Estrada, de ascendencia quechua y miembro del partido Unión Por el Perú, que lidera el ex secretario general de Naciones Unidas Javier Pérez de Cuéllar, afirma que el objetivo de las leyes es fomentar el matrimonio y proteger a la familia.
La violación como método para forzar un matrimonio fue también mencionada por el congresista opositor Javier Alva Orlandini y por los oficialistas Oscar Medelius, Gustavo Flores y Anselmo Revilla, quienes afirman que esa figura jurídica se encuentra en la legislación de numerosos países.
En contra del dictamen de la Comisión de Justicia se pronunciaron de inmediato las organizaciones feministas y juristas defensores de los derechos humanos, así como parlamentarios de diversas tendencias políticas.
La segunda vicepresidenta del Congreso, Martha Hildebrandt, calificó de aberrante e inmoral el proyecto de ley "porque se basa en conceptos retrógrados, de cuando la violación era considerada un delito contra el honor sexual y no contra la libertad individual".
Violeta Bermúdez, ccordinadora general de la organización feminista Movimiento Manuela Ramos, señaló que "el proyecto propicia la violencia contra las mujeres, pues tolera las agresiones sexuales".
"Ese artículo es usado por los violadores para chantajear a sus víctimas y a sus familiares, para gozar de una exoneración de pena", afirmó.
Diego García Sayán, director de la Comisión Andina de Juristas, declaró a IPS que "la exención de la pena de viiolación por el matrimoinio atenta contra lo establecido en la Convención Interamericana de los Derechos de la Mujer, suscrita por Perú".
Jorge Santistevan, Defensor del Pueblo, figura de reciente creación, destacó por su lado que "el proyecto aprobado por la Comisión de Justicia es incompatible con varios artículos constitucionales y es contrario al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito por Perú". (FIN/IPS/al/dg/pr/96
