La opinión pública peruana es adversa al empleo de unidades militares antiterroristas estadounidenses o británicas supuestamente ofrecidas al gobierno para intentar el rescate de los 103 rehenes cautivos en la embajada de Japón.
Tampoco sería bien acogida la fuerza internacional de las llamadas siete grandes potencias que hace dos días propuso el presidente ruso Boris Yeltsin.
En una coincidencia que no suele ser habitual, la opinión de la calle coincide en este tema con analistas y políticos, y es casi unánime el criterio de considerar inconveniente y peligroso el rescate por la fuerza de las 103 personalidades que un grupo guerrrillero mantiene como rehenes en la embajada de Japón.
Una encuesta efectuada en Lima encontró un rechazo de 96 por ciento a la posible intervención de expertos militares extranjeros, y el cuatro por ciento restante pertenece al sector "no sabe, no opina", que rehusa responder consultas de este tipo.
El sondeo fue efectuado en las calles de Jesús María y de Breña, distritos de clase media y popular respectivamente, y completado mediante llamadas telefónicas al azar.
La casi totalidad de los entrevistados estimó que no es necesaria una solución militar para rescatar a los rehenes, porque supone que es posible salvar la vida de los rehenes mediante negociaciones que permitan salir del país a los secuestradores.
Esta opinión callejera se basa en la promesa del presidente Alberto Fujimori de no intentar el rescate y en la conducta de Nestor Cerpa, jefe del comando guerrillero del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), quien liberó ya unas 450 de las casi 600 personas que apresó el día 17.
"Si el MRTA no está amenazando matar a los rehenes y, si como dicen, no los maltrata, no hay apuro. El gobierno debe seguir conversando", opinó Isidro Fuentes, jubilado.
En la cola de la oficina municipal de Jesús María, en donde aguardan turno para pagar tributos, los espectadores de la entrevista hacen gestos de asentimiento con Fuentes.
También coincide con Fuentes el psiquiatra Mariano Querol, considerado experto en el tema desde que fue secuestrado hace algunos meses por una banda que quiso cobrar rescate por su libertad.
"Si no se trata de una organización fundamentalista, en estos casos la experiencia internacional demuestra que cuanto más prolongado es el secuestro hay más posibilidades de encontrar una solución negociada", dice Querol.
"El gobierno peruano comunicó que busca una salida pacífica al problema y que no intentará el rescate por la fuerza, porque podría provocar la muerte de numerosos diplomáticos extranjeros y personalidades peruanas, creando una herida política difícil de cerrar", dice por su parte Eduardo Ferrero Costa
Especialista en asuntos internacionales, Ferrero afirma que el problema en la residencia del embajador japonés es un asunto soberano de Perú y se declara igualmente en contra de que el Grupo de los Siete países más ricos intervenga en el conflicto.
"Ni deben intervenir escuadrones antiterroristas extranjeros ni tampoco es admisible lesionar la soberania de Perú con presiones externas", concluye.
El ex secretario general de Naciones Unidas Javier Pérez de Cuéllar afirmó por su parte que, según su experiencia, "el uso de la fuerza es negativo en este tipo de situaciones".
"Creo que las conversaciones, pese al tono de dureza de su mensaje, son conducidas con prudencia y serenidad por el presidente Fujimori", expresó Pérez de Cuellar, jefe del más importante partido opositor de Perú.
"En este problema hay dos dimensiones: la protección del orden jurídico peruano y la preservación de la vida de las personas", concluyó.
Respecto de las condiciones que podría aceptar el gobierno de Fujimori de parte del MRTA, hay diferencias en los criterios de los diversos sectores políticos.
El parlamentario izquierdista Javier Diez Canseco, ex rehén liberado el día 20, considera que la solución negociada de la libertad de los rehenes es una oportunidad política para arribar a un acuerdo de paz con la guerrilla del MRTA similar al que será suscrito en Guatemala este domingo.
Ese acuerdo, sugerido por Serpa el mismo día que liberó a Diez Canseco, está condicionado a que el gobierno ponga en libertad a los 458 jefes y militantes del MRTA presos en varias cárceles del país.
Pero otra dirigente izquierdista, Martha Moyano, hermana de Elena Moyano, dirigente popular asesinada por la organización subversiva Sendero Luminoso, advirtió sobre el riesgo de conceder la libertad a los líderes emerretistas.
"Podría provocar una ola de secuestros senderistas, para liberar a sus genocidas líderes. Hay que evaluar a quienes se concederían indultos. Los que cometieron asesinatos deben pagar sus crímenes", concluyó. (FIN/IPS/al/dg/ip/96
