Las hipótesis sobre el origen, planificación y ejecución de la espectacular toma de la embajada de Japón en Lima por un comando del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) incluyen una supuesta conexión chilena.
Entre los 458 miembros del MRTA presos en cárceles peruanas cuya liberación es exigida por el comando que mantiene a cientos de rehenes en la embajada nipona, hay seis guerrilleros chilenos, cuatro de ellos condenados a presidio perpetuo.
La Dirección Nacional contra el Terrorismo (Dincote) de Perú señaló este miércoles la posibilidad no sólo de que haya chilenos entre los ocupantes de la sede diplomática sino incluso de que el jefe de la ocupación haya llegado desde Chile.
El gobierno del presidente Eduardo Frei, remecido desde este miércoles por las acusaciones de una jueza al jefe de la policía civil, Hernán Mery, y al viceministro de Desarrollo Regional, Marcelo Schilling, ignoró virtualmente las versiones procedentes de Lima.
Las únicas reacciones oficiales en Santiago consistieron en la habitual condena a un acto calificado de "terrorista" y en el anuncio del canciller José Miguel Insulza sobre un reforzamiento de la vigilancia en la frontera de los dos países.
El ministro de Relaciones Exteriores recibió además una carta de los familiares de los chilenos del MRTA encarcelados en Perú, quienes demandaron medidas de protección para el grupo, conformado por tres hombres y tres mujeres.
Se trata de Francisco Castillo (40 años), Lautaro Mellado (51), María Concepción Pincheira (42) y Alejandra Astorga, sentenciados a cadena perpetua, y Alejandro Valdivia y Marcela González, con condenas de 20 años de presidio.
Los sentenciados a perpetuidad están en el penal de Yanamayo, en Puno, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Fueron detenidos en 1993 y procesados por jueces "sin rostro" como autores del secuestro del empresario peruano-japonés Raúl Hiraoka.
Los familiares pidieron que el gobierno chileno instruya a sus diplomáticos en Perú para que se apersonen en las cárceles de Yanamyo, Castro-Castro y Chorrillos de Lima, donde están recluídos Valdivia y González, para resguardar su integridad.
Gino Castillo, hermano de Francisco, declaró que temen represalias "del régimen autoritario de Perú" en contra de sus parientes, como respuesta al operativo de toma de la embajada de Japón en Lima.
Francisco Castillo fue catalogado por los jueces peruanos como el tercer hombre en la jerarquía del MRTA y se le procesó junto a Mellado, Pincheira y Astorga bajo cargos de "traición a la patria", delito castigado con cadena perpetua o pena capital.
Fujimori, en su oportunidad, rechazó las objeciones chilenas en cuanto a la inviabilidad de la acusación tratándose de ciudadanos ajenos a Perú y denegó igualmente pedidos de clemencia de los familiares y organismos humanitarios.
"Tememos que Fujimori cumpla las palabras que dijo cuando (el presidente) Frei visitó Perú: que sólo devolverá los huesos de los chilenos", manifestó Gino Castillo.
Francisco Castillo, un ex militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Chile, era, según los jueces militares peruanos, el jefe del aparato militar del MRTA y como tal habría dirigido otros secuestros de empresarios.
El canje de los rehenes de la embajada por los presos del MRTA aparece ahora como una posibilidad cierta para los familiares de los chilenos de que éstos se libren del riguroso régimen carcelario a que están sometidos en Perú.
Los cuatro internados en Yanamayo tienen derecho a sólo una hora de visitas al mes y se quejan de las duras condiciones de la cárcel, instalada en un paraje andino de bajas temperaturas, donde están sometidos a un régimen de aislamiento.
Organizaciones humanitarias sostienen que los seis chilenos presos del MRTA son víctimas de las normas antiterroristas del gobierno de Fujimori, que no garantizan un debido proceso e implican por tanto violaciones de los derechos humanos.
La hipótesis de la participación de chilenos en la ocupación de la embajada alude implícitamente a los que serían posiblemente los últimos rezagos de coordinación de grupos guerrilleros en el cono sur de América Latina.
Francisco Castillo y sus compañeros son en última instancia herederos de los vínculos "internacionalistas" que líderes del MIR y de grupos armados de Argentina y Uruguay establecieron en 1974 al crear una Coordinadora Revolucionaria de corta vida.
Los insurgentes fueron diezmados a través de la Operación Cóndor, montada conjuntamente por los aparatos represivos de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, pero algunos de sus cuadros lograron sobrevivir para unirse a los sandinistas en Nicaragua o a grupos de otros países latinoamericanos.
Por una casualidad, entre los rehenes del MRTA en Lima no hay diplomáticos chilenos, ya que a la misma hora de la ocupación el martes se realizaba una ceremonia en la embajada de Chile de despedida a sus agregados militares.
El empresario Patricio Maturana, de 56 años, casado con la bailarina peruana Olga Shimazaki, de origen japonés, y residente en Perú desde hace 21 años, es el único chileno retenido en la sede diplomática por los guerrilleros. (FIN/IPS/ggr/dg/ip/96
