El gobierno de Perú no autorizó el ingreso a la embajada de Japón en esta capital al Defensor del Pueblo, Jorge Santisteban, y al sacerdote católico Hubert Lanssiers, para mediar con los insurgentes que tomaron la sede diplomática.
"El padre Lanssier y yo nos hemos puesto a disposicion para entrar a la embajada para hablar con los insurgentes, pero nos han indicado que no consideran oportuno nuestro ingreso", dijo Santisteban.
Los guerrilleros del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) pidieron la presencia del Defensor del Pueblo y Lanssiers, miembros de una comisión oficial de indultos, en declaraciones a la periodista británica Sally Bowen, una de las rehenes liberadas.
El MRTA tomó la embajada de Japón y mantiene como rehenes a unos 250 hombres, entre los que figuran el canciller, magistrados y diplomáticos que asistían a una recepcion diplomática para canjearlos por los 458 militantes de esa organización que se encuentran presos.
Santisteban y Lanssier fueron designados por el gobierno del presidente Alberto Fujimori para evaluar la situación de los casi mil presos acusados de terroristas o de colaboración con el terrorismo -25 por ciento del total- que proclaman su inocencia.
Hasta el momento, 110 presos fueron considerados por dicho comité como injustamente detenidos, por insuficiencia de pruebas y porque sólo obraban contra ellos las declaraciones de otros presos confesos del delito de subversión.
La mayor parte de los presos que se declaran inocentes son acusados de militar o colaborar con la organización guerrillera Sendero Luminoso. (FIN/IPS/al/ag/ip/96
