¿A quién corresponde decidir la táctica a seguir en la embajada de Japón en Perú para rescatar a los 380 rehenes retenidos por un comando guerrillero: al gobierno de Tokio o al de Lima?
Según expertos en derecho internacional consultados por IPS, la extraterritorialidad no comprende a los delitos cometidos en el territorio de las embajadas, los cuales deben ser investigados y sancionados por las autoridades del país en donde está acreditada la representación diplomática.
La presencia en Lima del canciller de Japón, Yukihiko Ikeda, para tratar con el presidente de Perú Alberto Fujimori sobre el asunto, abre el tema del alcance de la extraterritorialidad de las representaciones diplomáticas.
La cuestión es espinosa porque ambos gobiernos tienen prioridades divergentes.
Para Japón, según expresó su gobierno, lo primero es garantizar la integridad física de los 380 invitados varones (las mujeres y los hombres ancianos fueron liberados el miércoles por los guerrilleros) que asistían a la celebración del cumpleaños del emperador Akihito.
En tanto que para el mandatario peruano el objetivo fundamental es resolver la crisis sin ceder a la demanda central de los insurgentes, la liberación de sus 458 compañeros presos en distintas cárceles de este país, porque entiende que eso generaría un grave retroceso en la guerra contrainsurgente.
El gobierno de Fujimori anunció en 1995 haber liquidado definitivamente al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) y que esperaba destruir en los próximos meses a los restos de la estructura política y militar de Sendero Luminoso, guerrilla de mayor envergadura y peligrosidad.
El MRTA logró superar en 1995 su crisis de dirección y desde enero ha realizado 482 operativos, en los que perdieron la vida 174 personas, entre insurgentes, militares o civiles sin parte en el conflicto. (FIN/IPS/al/dg/ip/96
