Ante las amenazas del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) de que ejecutará a los 490 rehenes que mantiene en la embajada de Japón, el gobierno de Perú se debate entre la negociación y el intento de rescate.
El dilema se produce en un momento en que el presidente Alberto Fujimori ve declinar acelerademente su popularidad debido a los fuertes contrastes económicos y parece evidente que ninguna de las opciones sería una victoria para él.
El MRTA reclama la liberación de sus 458 miembros presos, condición que Fujimori no parece dispuesto a aceptar porque se arriesgaría a enfrentar iniciativas similares de Sendero Luminoso, la organización guerrillera más importante de Perú.
Sendero Luminoso aspira a liberar a su líder histórico, Abimael Guzman, a pesar de que se rindió públicamente en 1993, un año después de su captura por los servicios de inteligencia, y en varias oportunidades ha trascendido su voluntad de capturar rehenes para canjearlos por su jefe.
El MRTA, con una militancia muy politizada, prácticamente no cuenta ya con estructuras políticas ni militares en el interior del pais. En cambio, Sendero Luminoso resurgió este año y en los últimos 12 meses realizó 482 operativos, en los que murieron 174 personas.
Sendero Luminoso, que reinvindica el pensamiento del líder comunista chino Mao Ze Dong, está dividido entre el sector que acepta la orden de Guzman de deponer las armas y el que sigue a Oscar Ramírez, "Feliciano", quien dirige a los grupos que actúan en algunas zonas selváticas productoras de coca.
La toma de la embajada de Japón ha abierto un debate en medios políticos, sobre la conducta que debe seguir el gobierno frente a los captores.
A un lado se sitúan quienes demandan que se de prioridad a la vida de los rehenes, posición compartida por las organizaciones no gubernamentales que se ocupan del tema de los derechos humanos.
Jhon Caro, ex jefe de la Dirección Contra el Terrorismo, criticó que el gobierno de Fujimori hubiera incurrido en triunfalismo y bajado la guardia, y propuso conceder al MRTA lo que demanda para no arriesgar la vida de los rehenes.
"Sé el daño que pueden causar los subversivos en libertad, pero creo que podrán ser capturados nuevamente", afirmó.
La socióloga Imelda Vega Centeno admitió que se trata de una difícil alternativa, y recordó que estuvo en Bogotá en 1985, cuando el M-19 tomó el Palacio Nacional y más de cien rehenes murieron durante el asalto efectuado por la policía y el ejército para liberarlos.
"Todos los tratadistas dicen, y la razón lo confirma: hay cosas que no se pueden negociar", dijo el analista Raúl González. "No creo que Fujimori acepte liberar a los emerretistas, porque después tendría que enfrentar a operativos similares de Sendero".
Entre tanto, el gobierno parece dispuesto a no ceder y a mantenerse cerrado a las conversaciones, probablemente en la hipótesis de que los nervios de los asaltantes los conduzcan a cometer algún error.
Fujimori no autorizó el ingreso a la embajada del Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan, y del sacerdote católico Hubert Lanssier, ambos miembros de un comité que estudia la situación de los presos políticos en Perú para recomendar sus indultos, cuya presencia mediadora fue solicitada por el MRTA.
El gobierno no ha emitido ningún comunicado al respecto. La única voz oficialista que se ha pronunciado hasta el momento sobre el tema es la de Martha Chávez, ex presidenta del Congreso, quien aseguró que "de ninguna manera se liberará a los emerretistas presos".
"Deben cumplir sus condenas", sentenció.
El sociólogo Flavio Solórzano reconoció que Fujimori está en una trampa: "si cede a los subversivos, podría ser objeto de un golpe militar. Si muere una sola persona en un intento de rescate, no sobrevivirá a la presión política y diplomática".
"Habría que preguntarse si lo prioritario es el futuro del régimen de Fujimori o el destino de la sociedad peruana", concluyó Solórzano.(FIN/IPS/al/ag/ip/96
