El presidente electo de Nicaragua, Arnoldo Alemán, estará obligado a despedir a más de 13.000 empleados públicos cuando asuma el gobierno el 10 de enero, según compromisos adquiridos por el actual gobierno con organismos multilaterales de crédito.
Para cumplir con esos compromisos, Alemán tendrá que buscar financiamiento externo, ya que no existen fondos para financiar un futuro plan de reducción de empleados públicos, revela un documento oficial publicado en el semanario Confidencial.
"El gobierno se ha comprometido a reducir el tamaño del empleo público a través del Programa de Movilidad Laboral cuya meta es la reducción de 13.500 plazas", señala el texto titulado "Nicaragua: Plan de Reforma y Modernización de la Administración Pública".
"Es necesario financiar las indemnizaciones de los 13.500 servidores públicos que saldrán del gobierno, y dada la escasa capacidad financiera del gobierno y la necesidad de orientar los recursos hacia el aparato productivo, es necesario conseguir el apoyo para financiar el Plan de Movilidad Laboral", añade.
Este requerimiento fue confirmado por Luis Villalta, director de la Unidad de Coordinación del Programa de Reforma del Sector Público (Ucresep), encargada del control del programa de reducción estatal.
"Las cifras que yo manejo indican que sí debe haber una mayor reducción del personal gubernamental, de acuerdo al tamaño de la economía", dijo a IPS Villalta.
A fines de los años 70, Nicaragua exportaba 633 millones de dólares y el Estado empleaba a 43.000 personas, representando 17 por ciento del producto interno bruto (PIB) de entonces.
Luego, el gobierno sandinista llevo a 284.000 el número de trabajadores estatales, 109.000 de los cuales en el área de Defensa y Seguridad, lo cual representaba 44,9 por ciento del PIB, mientras el país exportaba 330 millones de dólares.
El gobierno de la presidenta Violeta Chamorro, como resultado de la reforma estatal, redujo la cifra a 96.000, en tanto las exportaciones crecieron a 490 millones de dólares.
En este programa de recortes el gobierno gastó cerca de 60 millones de dólares en indemnizaciones, para lo cual contó con el auxilio de los organismos multilaterales de crédito y la comunidad cooperante.
Pero el plan provocó un sinnúmero de jornadas de protestas sociales, que muchas de ellas devinieron en asonadas políticas con saldos trágicos de muertos y heridos.
Un freno a los planes de reducción del Estado lo constituye el veto del Poder Ejecutivo, desde 1990, a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, que regula las remociones, reubicaciones y promociones en el sector público.
La ley fue "descongelada" días atrás por el parlamento, pero según analistas locales, Chamorro la vetará antes de concluir este año o en los primeros días de enero.
Si no lo hace, una mayoría calificada de diputados está dispuesta a promulgarla. Esto colocaría a las nuevas autoridades en un virtual callejón sin salida, ya que cada despido deberá ser aprobado por comisiones institucionales integradas por delegados gubernamentales y sindicales.
Por otra parte, si el gobierno entrante no retoma el camino del ajuste estructural y no cumple con las metas establecidas, la ayuda externa de los organismos multilaterales de crédito permanecería bloqueada.
Alejandro Aráuz, consultor del Ministerio de Economía y Desarrollo, considera improbable esta posibilidad.
"Los organismos internacionales han invertido en este país más de 4.000 millones de dólares y esa plata no la van a dejar perder, adoptando posiciones tan inflexibles", comentó. (FIN/IPS/rf/ag/ip- if/96
