La decisión del nuevo procurador de Justicia y ex ómbudsman Jorge Madrazo, en el sentido de cooperar con entidades de defensa de los derechos humanos, puede marcar un drástico viraje del gobierno mexicano en la materia.
La medida implica el establecimiento de planes concretos de colaboración entre las autoridades gubernamentales y las organizaciones civiles para esclarecer casos de violación a las garantías jurídicas por parte de funcionarios oficiales.
Personalidades relacionadas con el tema declararon a IPS que la actitud expresada en esa resolución contrasta con la indiferencia de anteriores procuradores ante reclamos reiterados frente a casos de impunidad de funcionarios y persecución ilegal a activistas.
Madrazo asumió hace 11 días la titularidad de la Procuraduría General de la República (PGR) tras presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de carácter oficial.
En el desempeño de su función como ómbudsman recibió cientos de denuncias de violaciones a derechos humanos formuladas por particulares y organismos civiles, nacionales y extranjeros, y emitió numerosas recomendaciones a organismos oficiales.
Al asumir el crítico Ministerio de Justicia el día 2, Madrazo se encontró con muchas de esas resoluciones, emitidas por él mismo desde su anterior cargo y que siguen aún pendientes de cumplimiento desde hace meses y a veces años.
Como ómbudsman sólo podía emitir recomendaciones sin efecto jurídico, que tenían un valor más bien moral y político antes que una eficacia práctica inmediata, sobre todo en los numerosos casos en que las autoridades aludidas no respondían positivamente.
Ahora, con atribuciones ejecutivas en calidad de ministro, se pondrá a prueba su capacidad de concretar los valores cuya defensa le dio prestigio entre los activistas de derechos humanos.
El comunicado donde anunció la nueva medida evoca reclamos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de organismos mundiales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, así como de diversas organizaciones mexicanas no gubernamentales.
Los casos graves más frecuentes denunciados por esas entidades se refieren a "desapariciones", homicidios, torturas, violaciones y persecuciones ilegales, perpetrados por personas investidas de diversos grados de autoridad oficial.
Las organizaciones de derechos humanos expresaron además alarma por amenazas contra defensores civiles de los derechos humanos, exigiendo a las instituciones de procuración de justicia que se investigue su origen y se castigue a los responsables.
Es ante tal problema que la procuraduría decidió este jueves su nuevo programa específico para "atender, dentro de la esfera de su competencia y en términos de ley, las denuncias presentadas por los defensores de derechos humanos".
El documento añade que según los acuerdos, convenios y leyes vigentes la procuraduría "ofrecerá su auxilio y apoyo para profundizar investigaciones, ubicar a responsables y procurar que sean puestos a disposición de un juez".
Subraya también que "espera establecer contacto a la brevedad posible con los defensores civiles de derechos humanos que han sido amenazados e iniciar de inmediato los trabajos correspondientes."
Rafael Alvarez, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, con apoyo de los jesuitas, calificó de acertada la decisión gubernamental y dijo que despierta "fundadas esperanzas".
En diálogo con IPS elogió la labor como ómbudsman de Madrazo y advirtió que "su tarea será muy difícil, ya que bien se sabe lo que es la PGR, el ministerio a cuyo cargo fue designado".
Alvarez sostuvo que "se trata de un reto muy importante, del que depende en gran medida la limpieza y la superación del deteriorado aparato mexicano de procuración de justicia".
Explicó que el centro al que pertenece es objeto permanente, desde hace años, de secuestros, golpizas y amenazas telefónicas y postales, así como de seguimientos que penetran hasta la vida y las comunicaciones personales y privadas de sus activistas.
"Ello implica intervenir teléfonos y cartas, y otros complejos procedimientos no ocultables de control de personas", dijo.
Puso el acento en que "se inició acción jurídica por tales hechos contra quien corresponda el 17 de agosto de 1995, sin resultado alguno, ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal" (ministerio de Justicia de la Ciudad de México).
Alvarez expresó que, en reciente entrevista, el procurador capitalino le reiteró promesas de investigar pero no le ofreció resultados efectivos, por lo que ahora recurrirá a la PGR.
A su vez Randolfo González de la Mora, experto de la Universidad Iberoamericana, dijo a IPS que "campañas abiertas contra entidades de derechos humanos parten evidentemente de algún sector oficial".
Citó amenazas y persecuciones contra abogados, cuyo carácter ostensible las hace fácilmente detectables por las autoridades.
González de la Mora dijo que habrá que esperar los hechos, pero definió como "una actitud positiva y una posición abierta y digna la elaboración de un programa oficial de apoyo recíproco entre el Ministerio de Justicia y los organismos de defensa de los derechos humanos". (FIN/IPS/emv/dg/ip-hd/96
