La aprobación de una reforma constitucional que permite a los mexicanos acceder a la doble nacionalidad es un paso importante hacia la defensa de los inmigrantes, grupo social discriminado y maltratado, especialmente en Estados Unidos, señalaron voceros de gobierno y expertos en el tema.
Luego de un año de análisis y discusiones, y de recoger la opinión de organizaciones humanitarias e investigadores, el día 5 el Senado aceptó un proyecto del gobierno que reforma tres artículos de la Constitución para permitir que los mexicanos que adquieran otra nacionalidad no pierdan la original.
Se trata de un cambio que facilita la integración de los inmigrantes a otras sociedades sin discriminación y promueve los vínculos familiares y económicos de quienes residen en el extranjero con su lugar de origen, señaló la cancillería en un comunicado difundido este lunes.
La medida no sólo beneficiará a los más de 2,2 millones de mexicanos que tienen nacionalidad de otros países (dos millones la estadounidense) sino a millones que viven en Estados Unidos y a sus familias.
Cálculos oficiales indican que los inmigrantes que trabajan en el país vecino envían remesas anuales por 4.000 millones de dólares a sus familiares en México.
"Superado el temor a perder la nacionalidad mexicana los migrantes dejarán de estar sujetos a las restricciones impuestas a los extranjeros en los lugares de residencia y tendrán las posibilidad de desarrollarse en el ámbito de igualdad en las comunidades donde habitan", dice la cancillería.
Entre 1995 y 1996, las solicitudes de naturalización de mexicanos en Estados Unidos, donde se promueven leyes para limitar servicios médicos y educativos a los extranjeros indocumentados, pasaron de 400.000 a 1,2 millones.
Según las reformas aprobadas, previa solicitud al gobierno, quienes ya adquirieron otra nacionalidad podrán retomar la de nacimiento y así ejercer sus derechos políticos, incluido el voto.
Para el Colegio de la Frontera Norte, instituto académico especializado en el fenómeno de la migración, la reforma es un paso decisivo para que los mexicanos dejen de ser explotados y discriminados en Estados Unidos.
Nacionalizados podrán ejercer con plenitud sus derechos tanto en México como en Estados Unidos, sostuvo el Colegio.
El clima de xenofobia y racismo en el país vecino va en ascenso, pues se anima en políticos y políticas que consideran a la inmigración un problema de carácter criminal, señala el Centro de Información y Estudios Migratorios de Tijuana, ciudad mexicana situada en la frontera norte.
Grupos humanitarios sostienen que de los alrededor de siete u ocho indocumentados que cada hora intentan o logran cruzar la frontera México-Estados Unidos, al menos tres sufren abusos policiales y dos más son maltratados por otras autoridades o por sus patronos.
En 1995, las autoridades migratorias estadounidenses expulsaron de su territorio a 1,4 millones de inmigrantes indocumentados, la mayoría de ellos mexicanos.
Para enfrentar los maltratos, el gobierno instituyó planes especiales de apoyo en los 40 consulados de México en Estados Unidos, difunde programas radiales en ese país para informar a los inmigrantes de sus derechos y mantiene en la frontera un grupo de policía especializada.
Construcción de muros, aumento de agentes, involucramiento de militares en tareas de vigilancia, uso de sofisticados equipos para detectar movimientos y apertura de nuevas cárceles en ciudades fronterizas, son parte de las estrategias adoptadas los últimos años por Washington para frenar la inmigración.
Portavoces del Servicio de Migración y Naturalización de Estados Unidos han advertido en repetidas ocasiones que no flexibilizarán su política contra el ingreso de indocumentados y que levantarán, si consideran necesario, más muros en la zona de frontera.
Se estima que en Estados Unidos viven unos 20 millones de personas que son mexicanas de nacimiento o descendientes de esa nacionalidad, lo que las transforma en una de las principales minorías nacionales en ese país. (FIN/IPS/dc/jc/pr-hd/96
