MEXICO: Errores en privatización de la banca detonan conflicto

Errores legales en la privatización de la banca de México, realizada entre 1990 y 1992, detonaron un conflicto jurídico que amenaza desembocar en colpaso financiero.

Los banqueros señalaron que se trata de un problema político y confiaron en que el gobierno del presidente Ernesto Zedillo los defienda, pero deudores, partidos de oposición y un grupo de abogados iniciaron una ofensiva para demostrar en los tribunales que los bancos no existen legalmente.

Una ley especial de 1990 facultó al presidente Carlos Salinas (1988-94) a dictar decretos de transformación de la banca del Estado en sociedad anónima en un plazo de 360 días. El período terminó en julio de 1991, sin embargo los decretos fueron expedidos entre agosto de 1991 y fines de 1992.

"Estamos ante un asunto delicado", dijo a IPS el abogado Emilio Krieger, miembro de la no gubernamental Asociación de Abogados Democráticos y asesor de los miembros del Barzón, un grupo que representa a más de un millón de deudores.

"Los deudores podrían pedir amparos legales argumentando inexistencia de sus compromisos con los bancos, pero los bancos también podrían desconocer los depósitos de sus ahorradores, provocándose entonces un colapso del sistema", añadió.

En moviembre, un juez del estado de Baja California impidió un embargo por morosidad de pago señalando que el cobrador, el Banco del Atlántico, uno de los privatizados durante el gobierno de Salinas, no existía jurídicamente.

Respaldado por este antecedente, el Barzón advirtió este martes que si la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no impide que la "banca ilegal" siga cobrando deudas y embargando a sus clientes el 1 de enero decretará un moratoria general de pagos.

La amenaza y el conflicto jurídico se produce cuando los bancos superan con millonarias ayudas del Estado e inversiones extranjeras los peligros de quiebra, mientras sus departamentos de cobro avanzan con embargos y otras medidas contra quienes no reestructuraron sus deudas a través de los programas oficiales.

En los últimos 23 meses, tras el estallido de la crisis económica de fines de 1994, el gobierno de Zedillo anunció programas de apoyo a los bancos y deudores cuyo costo, según la calificadora Standard & Poor, superó los 26.000 millones de dólares, 12 por ciento del producto interno bruto de 1995.

Además, entre 1995 y 1996, 22 por ciento del capital y 14 por ciento de los activos del sistema pasaron a manos de bancos extranjeros.

"En materia legal hay antecedentes y argumentos contundentes, los bancos, que ahora se jactan de salud, no tienen facultades jurídicas, así que no pueden recibir dinero, invertir ni cobrar deudas", dijo Krieger.

El Barzón presentó, junto a representantes de los partidos de oposición, demandas ante la Procuraduría y los tribunales a favor de deudores que afirman ser objeto de usura por parte de las entidades financieras locales y contra dueños de bancos acusados de usurpar funciones.

"Si los procesos siguen su curso normal, es posible que hasta se decrete prisión para algunos banqueros", sostuvo Krieger.

Según el presidente de la Asociación de Banqueros de México, José Madariaga, los cuestionamientos sobre la legalidad de los bancos "es un escándalo que se desinfla".

El gobierno ha preferido guardar cautela y esperar que los tribunales y la Procuraduría se pronuncien, lo que podría suceder en enero.

Un estudio de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso señala que el proceso de privatización de la banca estuvo lleno de irregularidades, entre las que señala pagos no autorizados, errores de valuación y fallas legales.

Ante las evidencias, las últimas semanas los banqueros "pusieron a trabajar sus descollantes cerebros y los de los abogados a su servicio, para encontrar algún ardid o subterfugio que les permita limpiar la nulidad absoluta que ensucia jurídicamente su vida", expresó Krieger.

Gerardo Fernández, dirigente de la Asamblea Ciudadana de Deudores de la Banca, dijo que las denuncias contra los banqueros "abren la posibilidad de ganarle absolutamente todos los juicios a la banca, porque son instituciones ilegales".

La Asamblea y el Barzón, así como otros grupos de deudores, adquirieron los últimos meses notoriedad pública en México por abanderar la defensa de quienes por la crisis y el aumento de las tasas de interés no han podido cumplir con el pago de sus deudas.

El Barzón anunció que mantiene diálogos con organizaciones similares de otros países de América Latina para conformar una organizacion regional de deudores. (FIN/IPS/dc/ag/ip-if/96