El arresto de Dante Delgado, ex gobernador del estado mexicano de Veracruz, por "enriquecimiento ilícito", confirmó sospechas generalizadas pero fue visto por analistas y políticos como reacción del partido en el poder ante la serie de renuncias de varias de sus figuras.
Observadores y personalidades de la oposición conjeturaron la posibilidad de una "venganza" ante su reciente abandono de las filas del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), mientras diputados de este grupo negaron toda motivación espuria.
Delgado amenazó el 29 de noviembre, dos días despúes de renunciar al PRI, que si se usaban "las viejas prácticas del sistema autoritario" para intimidarlo se encontrarían con una persona "dispuesta a todo y a confrontar a todos".
La socióloga Gabriela Figueroa, de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que aunque las autoridades niegan que la detención, realizada la noche del martes, tenga origen político, "todo indica que busca frenar nuevas deserciones".
"Tampoco el hecho de que los delitos que se le imputan sean reales desmiente tal interpretación, ya que Delgado está preso por negociados y otros actos que denunciaron los partidos opositores ante la indiferencia de quienes hoy lo acusan", añadió.
La dimisión de Delgado formó parte de una serie de renuncias presentadas las últimas semanas por otros ex gobernadores, senadores y diputados, que acusan al PRI de haber perdido su identidad original y abandonado su compromiso de justicia social para plegarse a políticas económicas "neoliberales".
Las acusaciones contra Delgado por enriquecimiento ilícito datan de hace tres años e incluyen los cargos de peculado por el equivalente a unos 100 millones de dólares, desvío de fondos, abuso de autoridad y omisiones en su declaración de bienes.
Horas antes del arresto la Secretaría de la Contraloría, que tiene como función velar por la moralidad administrativa de los funcionarios públicos, lo había inhabilitado para desempeñar cargos de gobierno en la próxima década.
Delgado, que gobernó Veracruz entre 1988 y 1991, había anunciado que formaría un nuevo partido para competir en los comicios legislativos de 1997, declarándose "perseguido político".
Uno de sus más cercanos colaboradores también fue apresado y otro tiene pedido de captura.
El ex funcionario quedó alojado en el penal veracruzano de Pacho Viejo, cuyas autoridades recibieron bajo su mandato una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que dejaran de colgar de las manos a los presos.
Entre los cargos que se le formulan a Delgado está el de vender terrenos públicos a precio de regalo, adjudicar contratos de obra sin licitación y hacer aportes a patronatos y asociaciones de los que formaba parte.
Amalia García, dirigente del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), tercero en la última elección nacional de 1994 con 18 por ciento de los votos, negó todo nexo con el ex gobernador.
Indicó que la situación del ex priísta podría ser "parte de una venganza común en el sistema político mexicano".
En tanto el bloque de diputados del PRI consideró que "ninguna personalidad, tenga la trayectoria que tenga, puede escudarse en militancias partidarias para mantener la impunidad de sus delitos o para ejercer chantaje político en su beneficio".
"Pensar que la detención de Delgado es una venganza política sólo puede ser una especulación de mentes perversas", consideró.
De humilde origen, Delgado se convirtió en poco tiempo en uno de los más ricos empresarios de Veracruz como ahijado político de una importante figura del PRI, el también ex gobernador de ese estado y ex ministro del Interior Fernando Gutiérrez Barrios.
Delgado fue uno de los primeros políticos llamados a trabajar en la campaña del actual presidente Ernesto Zedillo, como secretario de organización del PRI, tras el homicidio del candidato Luis Donaldo Colosio a fines de marzo de 1994.
Su estrella política decayó al discrepar hace algunos meses con la estrategia gubernamental ante el problema social del conflicto surgido en Chiapas, donde desde hace casi tres años se mantiene un brote guerrillero en medio de un diálogo de paz.
Durante su gestión de gobernador los opositores denunciaron que volvió proveedoras casi exclusivas del estado de Veracruz a las empresas cementeras de su propiedad y de sus familiares, que se beneficiaron prácticamente de toda la obra pública.
Cuatro de los puentes entonces construidos se derrumbaron por fallas técnicas, incluido el de La Antigua, que se cayó al ío el mismo día de su inauguración. (FIN/IPS/emv/dg/ip/96
