Un conflicto comercial entre Argentina y Uruguay se encamina a ser el primero que llegue a las etapas finales del sistema de solución de controversias, un cuestionado mecanismo de que dispone el Mercosur.
Las barreras no arancelarias sin remover dentro del bloque del Cono Sur de América pasaron a convertirse en una fuente de litigios comerciales que hasta ahora tienen como aparente solucion instrumentos políticos.
El más avanzado, próximo a la intervención del tribunal arbitral previsto como ultima etapa de la solución de controversias, enfrenta a Argentina y Uruguay por las exportaciones de sal del primero de esos países.
Argentina alega que Uruguay aplica para sus exportaciones requisitos de higiene más exigentes que los que las autoridades sanatarias imponen para la venta en el mercado local.
Desde 1995 Buenos Aires reclama que el Ministerio de Salud de Uruguay revea la decisión, lo cual, según diversas fuentes sanitarias consultadas en Montevideo, no se concretará
Uruguay será objeto de otros reclamos. Argentina pide que suprima un impuesto que Montevideo aplica a sus exportaciones de refrescos y cigarrillos, al cual considera discriminatorio.
La misma tasa despertó malestar en Brasil con relación a sus colocaciones de cerveza en el mercado uruguayo.
La Fábrica Nacional de Papel (Fanapel) de Uruguay pidió a su vez a Argentina que elimine disposiciones impositivas que restringen el ingreso de gran parte de su producción a ese país.
Las normas vigentes en el Mercosur prevén que los particulares que se consideren afectados puedan iniciar ante la sección nacional del Grupo Mercado Común (GMC) un reclamo que solo será admitido si el Estado lo avala.
Fanapel, liderada por Ricardo Zerbino, ex ministro de Economía del primer gobierno del presidente Julio Sanguinetti (1985-1989), es la primera empresa privada del Mercosur en recurrir a este procedimiento.
El mecanismo de solución de controversias, que se gestó en el Trtado de Asunción y se consolidó en los protocolos de Brasilia y Ouro Preto, tiene varias etapas.
Se inicia mediante consultas, seguidas por la intervención del GMC -asesorado por un comité técnico-, para llegar finalmente a la convocatoria de un tribunal arbitral.
El tribunal arbitral que analiza el conflicto consta de tres miembros, dos de los cuales corresponden a los países en litigio mientras el tercero es de otra nacionalidad y debe ser avalado por los litigantes.
El fallo del tribunal tendrá la fuerza de cosa juzgada y no admite apelación, pero no es posible "la ejecución forzada de los mismos", dijo a IPS el ex canciller uruguayo Sergio Abreu.
Abreu, que fue designado por Uruguay y Paraguay para actuar como árbitro en las controversias del Mercosur, y por Chile en las que se presenten en la Asociación Latinoamericana de Integración, duda de la efectivad del dispositivo.
"No es el mejor instrumento para dar seguridad jurídica a los Estados. Se requiere una estructura jurisdiccional que se empine por encima de la voluntad de los estados, para afirmar la primacía del derecho comunitario respecto del derecho nacional", dijo.
Para ello hace falta voluntad política, dijo, pero insistió en que si el Mercosur pretende mantener un "equilibrio adecuado" en los conflictos, así como "credibilidad para una interlocución internacional, debe ajustar su sistema de administración de justicia".
Recordó que el artículo 44 del Protocolo de Ouro Preto otorga flexibilidad, al establecer que antes de culminar el proceso de convergencia del Araancel Externo Común los estados "efectuarán una revisión" del sistema de solución de controversias "con miras a la adopción de un sistema permanente".
Pero Brasil, el más poderoso de los países del bloque, se ha negado hasta ahora a establecer un tribunal supranacional, lo que derivó en los últimos meses en una ofensiva jurídica en los cuatro países con el objetivo de revertir esa situación.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Julio Nazareno, dijo a IPS que "si no se estructura en el Mercosur un sustento jurídico sólido se irá al fracaso".
"Las soluciones políticas no son las más duraderas, las más ecuánimes ni las más justas, por lo que debemos presionar a nuestros gobiernos para instalaar un verdadero derecho comunitario", agregó.
Nazareno consideró que el mecanismo de solución de controversias no es bueno "y aunque Brasil está firme, los jueces de ese país piensan diferente".
Said Cahali, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado brasileño de San Pablo, recordó que "el derecho nace de los hechos y debe acompañar a los hechos".
Cahali concurrió a Uruguay a comienzos de este mes a la inaguración de la Escuela de Derecho Comunitario del Mercosur que funcionará en Montevideo, con el respaldo de su similar de la Unión Europea.
En diálogo con IPS, Cahali dijo que "debe establecerse un derecho comunitario" porque "la solución política no siempre hace la verdadera justicia ni se ajusta a los principios de equidad". (FIN/IPS/rr/dg/if/96
