La decisión del parlamento de Honduras de ratificar el traspaso de la policía a manos civiles, fue vista como un triunfo político del presidente Carlos Reina, en su lucha por desmilitarizar la sociedad.
El Congreso aprobó por unanimidad este martes las reformas constitucionales que allanan el camino para poner la policía en manos civiles a fines de 1997.
Luego que el opositor Partido Nacional, segunda fuerza política de Honduras, retirara hace dos meses su respaldo a la medida, la situación fue superada y las Fuerzas Armadas resultaron golpeadas en una de las ramas que las conforman.
El presidente del Congreso, Carlos Flores, indicó que la acción aprobada "no es más que una señal de madurez donde los partidos se despojaron de intereses políticos para aprobar una medida en favor de la ciudadanía".
"Puedo garantizarles que la nueva polícia no será politizada por nadie", dijo Flores, quien se postula como candidato del gobernante Partido Liberal a las elecciones de noviembre próximo.
La policía hondureña estuvo durante 30 años bajo la órbita militar, pero en los últimos tres años su trayectoria se caracterizó por denuncias de ejecuciones extrajudiciales y la implicación de oficiales en robos, asaltos y secuestros.
Los comandantes regionales de la policía en Tegucigalpa y la norteña ciudad de San Pedro Sula, enfrentan actualmente procesos judiciales por estos casos, debilitando así la imagen del cuerpo.
Este miércoles, parlamentarios, dirigentes políticos y campesinos coincidieron en señalar que la acción legislativa refuerza la política del gobierno en materia de desmilitarización de la sociedad.
Jorge Arturo Reina, uno de los tres vicepresidentes del Congreso y hermano del mandatario, dijo que el traspaso de la policía a manos civiles "no fue algo fácil".
"A diferencia de otros países que tuvieron que vivir guerras internas para llegar a este proceso, nosotros sin derramar una gota de sangre lo hemos logrado, y eso evidencia madurez y deseo al más alto nivel por desmilitarizar la sociedad", afirmó.
El parlamentario estima que la decisión del Congreso fue clave para cumplir la promesa del actual gobierno, que suma a esto la sustitución hace dos años del servicio militar obligatorio por uno voluntario y educativo.
Inés Fuentes, de la organización campesina ACAN, manifestó que con el traspaso de la policía a la órbita civil ganan los hondureños y "lo importante ahora será ver como estará conformado el nuevo cuerpo".
Para ello, los parlamentarios crearon una comisión "ad hoc" que analizará la forma en que se hará el traspaso, las personas que la dirigirán y, ante todo, verificará que sobre sus nuevos miembros no pesen acusaciones de violación de derechos humanos.
Este último punto será uno de los mecanismos más difíciles de negociar porque los militares se resisten a ser evaluados por civiles.
El actual comandante de la policía, Julio César Chávez, dijo que ya estaban preparados para el traspaso porque es "algo con que soñaban algún tiempo ciertos sectores civiles".
Pero "creemos que su dirección la debe tener un oficial militar y no un civil, porque estos no dominan a fondo la materia de seguridad ciudadana", añadió.
El fiscal del Estado, Edmundo Orellana, aseveró que no todo será tan fácil como lo pinta Chávez.
"No vamos a aceptar un traspaso policial íntegro como en la actualidad. El mismo debe depurarse, quieran o no los señores militares", dijo Orellana.
Las reformas constitucionales aprobadas por el parlamento sólo son el primer paso que facilita el traspaso policial a los civiles, ya que falta por definir la fecha, el nuevo reglamento y su presupuesto.
No obstante, la decisión parlamentaria evidencia la necesidad de redefinir un nuevo enfoque en las relaciones cívico-militares, caracterizadas hasta ahora por fuertes tensiones de ambos lados. (FIN/IPS/tm/ag/ip/96
