La policía de Honduras continuaba hoy sin pistas sobre los autores del estallido de tres granadas de fragmentación este viernes en la ciudad de San Pedro Sula, que dejó once personas heridas.
Danilo Orellana, portavoz de la policía, dijo que aún se mantiene un cerco de seguridad en las principales vías de acceso a San Pedro Sula, en el norte de Honduras, pero hasta ahora desconocen el paradero de quienes denominó "terroristas del crimen organizado".
"Solo personas sin escrúpulos y opositores a la democracia pudieron hacer lo que sucedió este viernes, donde afortunadamente no hubo muertos, como sucedió hace un mes", dijo el policía.
Este viernes, personas desconocidas lanzaron tres granadas en forma simultánea en distintas partes de la ciudad donde se encuentran los juzgados, oficinas de migración y una institución bancaria.
Los atentados provocaron heridas a unas once personas, según los informes de la policía.
Este hecho se produjo un mes despúes de una acción similar en los tribunales de Tegucigalpa, donde una persona resultó muerta y otras 25 sufrieron heridas.
Además, la policía desactivó en San Pedro Sula, durante las dos últimas semanas, al menos tres bombas instaladas en locales bancarios y centros comerciales, luego de llamadas anónimas.
De acuerdo a la policía, los hechos de este viernes se inscriben en una serie de acciones intimidatorias contra jueces y fiscales por parte del crimen organizado.
Las sospechas apuntan a bandas de robo de vehículos a las cuales se asestaron duros golpes en los últimos tiempos.
Un autodenominado grupo «CJ», de origen desconocido, se adjudicó el atentado en Tegucigalpa, advirtió que eso era apenas el inicio de una serie de acciones similares y amenazó de muerte a seis jueces y fiscales.
Edmundo Orellana, fiscal del Estado, sostuvo que sectores interesados en mantener la impunidad, la corrupción y la violación de los derechos humanos, "son los que están tras estos atentados".
"Pero no nos van a intimidar", alertó.
Los atentados con bomba se producen en momentos que el país vive hace más de ocho meses un fuerte clima de inseguridad ciudadana. Al mismo tiempo, los políticos discuten el traspaso de la policía a manos civiles y se entablan juicios contra violaciones a los derechos humanos.
Grupos humanitarios denunciaron, además, la existencia de presuntos escuadrones paramilitares integrados por policías, ex policías y delincuentes comunes que estarían ejecutando en San Pedro Sula una serie de secuestros, amenazas y atentados. (FIN/IPS/tm/mj/ip/96
