El gobierno del Partido Progresista Popular (PPP), que desde hace cuatro años encabeza el presidente Cheddi Jagan, no ha conseguido normalizar sus relaciones con la Compañía Telefónica y Telegráfica de Guyana (GT&T), de propiedad estadounidense.
Cuando sus rencillas no se deben a un miniescándalo por el uso de los equipos de la compañía por parte de un sistema internacional de teléfonos sexuales, ambas partes entrecruzan acusaciones por el supuesto descuido de la compañía ante el hecho de que el Estado retiene 20 por ciento del capital accionario.
El último choque se produjo cuando una comisión de contralor de servicios públicos, nombrada por el gobierno, entendió que son ilegales las transferencias que la GT&T realiza en favor de la empresa estadounidense Atlantic Tele Network (ATN), su compañía matriz, que es dueña de 80 por ciento de su capital.
El punto clave del problema es el pago del equivalente a 25 millones de dólares a la ATN, por gastos de administración, en los últimos cuatro años. La comisión supervisora afirma que no ve justificación suficiente para estas transferencias, a las que juzga ilegales.
La ATN tiene sus oficinas centrales en las Islas Vírgenes estadounidenses, y está registrada en Estados Unidos.
Finalmente la comisión citó a la GT&T a una audiencia pública sobre este asunto para el jueves de esta semana, y todo permite prever que la sesión será tormentosa.
Según la compañía, los gastos de administración se deben a servicios prestados por la ATN a la GT&T, en su mayor parte por la contratación de especialistas para asesorar a la compañía en la ejecución del programa de modernización y mejoramiento que el gobierno le ha exigido.
El gobierno ha solicitado a la GT&T la instalación de 20.000 nuevas líneas bajo un programa de expansión, así como algunos servicios modernos, tales como llamadas en espera.
La situación se complicó más gravemente, según la comisión, porque además de los pagos a la ATN, la compañía debe encontrar cantidades adicionales para pagar todos los gastos de trabajadores expatriados que figuran en su nómina salarial.
"La comisión ha determinado que esos pagos son ilegales, pero la compañía ignora el fallo y continúa realizándolos", comentó el secretario del cuerpo, Anthony Nurse.
La administración que precedió al gobierno del PPP vendió a la ATN 80 por ciento de la propiedad de la antigua telefónica estatal, en ejecución de un amplio programa de privatizaciones recomendado por el Fondo Monetario Internacional.
Jagan y su gobierno nunca han ocultado la incomodidad que les produce el trato con la GT&T, derivada de su oposición a la polémica venta de la empresa por la anterior administración, que en 1991 concedió a su comprador el monopolio de los servicios telefónicos por 20 años.
Cuando Jagan tomó el gobierno a finales de 1992, amenazó con forzar a la compañía a renegociar el contrato, afirmando que no era válido el arreglo hecho con su predecesor Desmond Hoyte, del Congreso Nacional del Pueblo. (FIN/IPS/tra-en/bw/cb/arl/ip/96
