Repudio y decepción fue la reacción de sectores sociales y humanitarios de Guatemala tras la aprobación a puertas cerradas en el Congreso de la Ley de Reconciliación Nacional, a la que calificaron de "solapada amnistía general".
La ley de Reconciliación decreta la extinción total de la responsabilidad penal tanto a guerrilleros como a militares por los delitos cometidos durante el enfrentamiento armado interno, prolongado durante más de tres décadas.
Esta exención abarcará a los autores, cómplices y encubridores de delitos contra la seguridad del Estado, el orden institucional y la administración pública.
También se decretó la inimputabilidad penal de los funcionarios, militares o insurgentes que hayan cometido delitos conexos con los políticos en el marco del enfrentamiento armado.
Sin embargo, la ley aclara que "la extinción de responsabilidad penal no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como aquellos delitos que resulten imprescriptibles"
También se encarga a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones a los derechos humanos (Comisión de la Verdad) el diseño de medios destinados a posibilitar el conocimiento y reconocimiento de la verdad histórica durante el enfrentamiento a fin de evitar que tales hechos se repitan.
La ley fue aprobada con los votos de 65 parlamentarios de los gobernantes Partido de Avanzada Nacional (PAN) y Frente Republicano Guatemalteco (FRG), la Democracia Cristiana y otros grupos minoritarios.
Sólo el izquierdista Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG) y la Unión del Centro Nacional, cuyo líder, el periodista Jorge Carpio, fuera asesinado en 1993 supuestamente por militares, se negaron a que se aprobara la ley por considerar que conlleva impunidad, pero apenas totalizaron ocho votos.
Durante la discusión parlamentaria, integrantes de la Alianza contra la Impunidad (ACI) y otros grupos humanitarios realizaron una manifestación en las afueras del Congreso ya que no se les permitió el ingreso.
Para la dirigente humanitaria y diputada del FDNG Nineth Montenegro, "esta ley es una amnistía general disfrazada que no permitirá recomponer el tejido social ni sanar las heridas de las víctimas y viudas del conflicto armado interno".
Los crímenes de uno y otro bando no pueden equipararse y debe dejarse a las familias de las víctimas el derecho de elegir si castigar o perdonar, destacó.
Hellen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack, que lleva el nombre de su hermana, una antropóloga asesinada por militares en 1990, dijo que la ley de Reconciliación "destruye el espíritu de la paz firme y duradera".
Imponer el derecho de los victimarios sobre el de las víctimas equivale a impunidad, afirmó.
También el Colegio de Abogados criticó la forma en que fue redactada la ley, porque la confusión de términos en relación con los delitos políticos y los comunes "conducirá a valoraciones antojadizas que obstaculizarán la reconciliación".
En cambio, el presidente del Congreso, Carlos García Regás, del PAN, descartó que se haya producido una amnistía general y afirmó que ha comenzado la era de la auténtica reconciliación nacional. "Deben cesar los rencores" para que el país comience a "ver hacia el futuro", proclamó.
Tanto la ACI como organizaciones humanitarias y sectores populares pretendían una amnistía política sólo para la guerrilla, al estimar que el ejército actuó durante el conflicto como parte del Estado.
Con esta ley queda salvado el último obstáculo para la firma de la paz en Ciudad de Guatemala este domingo, que pondrá fin a 36 años de un enfrentamiento armado interno que dejó un saldo de 150.000 muertos.
El día 12 representantes del gobierno y la guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) habían sellado en Madrid las bases para la reinserción de la insurgencia a la vida legal del país, por lo que el Congreso no hizo sino legalizar la situación.
El gobierno y la URNG llevan casi una década negociando para poner fin al conflicto armado más largo de América Latina.
La primera reunión biletareal, aunque sin resultados, se produjo en Madrid en octubre de 1987. Pero recién en 1991 las negociaciones adquieren una nueva dinámica.
En los últimos cinco años, las partes llegaron a importantes acuerdos socioeconómicos, de identidad y derechos de pueblos indígenas, derechos humanos, fortalecimiento del poder civil y papel del ejército en una sociedad democrática, entre otros. (FIN/IPS/cz/dg/ip/96
