Amplios sectores políticos y sociales de Guatemala continúan manifestando su oposición a una amnistía que deje sin castigo las violaciones de los derechos humanos, mientras prosiguen en Madrid las negociaciones entre el gobierno y la guerrilla sobre la reinserción social de los insurgentes.
El diputado Amílcar Méndez, del izquierdista Frente Democrático Nueva Guatemala, aseguró que no apoyará una amnistía general porque beneficiaría a los violadores de los derechos humanos y sería una fuente de alimentación del sistema de injusticia e impunidad imperantes.
"En Guatemala se cometieron crímenes de lesa humanidad y al declararse una amnistía general se estaría poniendo un manto de impunidad sobre estos casos", señaló.
Representantes de la guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y de la gubernamental Comisión de Paz, dialogan desde 1991 para poner fin a un conflicto armado interno que lleva 36 años y causó más de 150.000 muertos, un millón de desplazados internos y más de 45.000 refugiados.
El acuerdo para la reinserción social de la guerrilla, que se firmará este jueves en Madrid, es el último de los llamados temas operativoserdo de paz firme y duradera que se realizará en la ciudad de Guatemala el día 29.
La tipificación de los delitos cometidos por la guerrilla y el ejército durante 35 años de conflicto es uno de los problemas que enfrentan las organizaciones de derechos humanos y la Alianza contra la Impunidad, que desearían que se rijan según el derecho internacional humanitario.
Según Miguel Angel Albizúrez, miembro de la Alianza, el caso del guerrillero Efraín Bámaca por ejemplo, debería ser tipificado como un delito de lesa humanidad, porque hubo abuso de las normas de guerra al secuestrarlo, torturarlo y asesinarlo en 1992.
Sin embargo, agregó, en caso de firmar los negociadores una amnistía general que incluya a ambas partes, el ejército podría pedir que se lo tipifique como delito común conexo con el conflicto armado.
Lo mismo ocurriría con el caso de la antropóloga Myrna Mack, asesinada en 1990, y el del periodista y dirigente político Jorge Carpio en 1993, ambos atribuidos a miembros del ejército.
Así sucedería también con los delitos cometidos por la guerrilla, quienes podrían pedir que se tipifiquen como delitos comunes conexos con el conflicto.
Los únicos que queda claros que no deben ser perseguidos son los delitos políticos, solo cometidos por la guerrilla y que están contemplados en el Código Procesal Penal como rebelión y sedición.
El ex negociador gubernamental en el proceso de paz, el sociólogo Héctor Rosada, dijo a IPS que parecería que el gobierno se pronuncia "por una amnistía general donde no se incluyan delitos de lesa humanidad".
"Parecería que la estrategia propuesta es que el Congreso apruebe la amnistía general, y que desplazarán a un tribunal la potestad de poder calificar cuándo se trata de un delito común conexo a lo político y cuándo no, o si por tratarse de un delito de lesa humanidad no debería ser considerado", explicó.
Por su parte, las declaraciones de la URNG también son ambivalentes, opinó Rosada, porque quieren una figura que los exculpe a ellos de todo, pero ahora también quieren que la figura legal no cubra al ejército.
Según Rosada, la figura legal no tiene por qué cubrir al ejército por ser parte del Estado, "pero distinto es cuando se piensa en los delitos comunes conexos a los políticos: si se va a perdonar a uno, que se perdone a los dos"
"La figura ideal sería una caducidad de la pretensión punitiva del Estado, como la que se utilizó en Uruguay -indicó-" o sea que el Estado renuncia a perseguir determinados delitos.
Para el ex presidente Vinicio Cerezo, se debe partir de la "reconciliación y el perdón", por eso está de acuerdo con la amnistía, "porque no se puede hacer la paz considerando culpable sólo a una de las partes, eso llevaría de nuevo a la guerra".
"Los delitos de lesa humanidad no deben exculparse, siempre que se demuestre que fueron provocados a propósito y en actos de crueldad específica, pero siempre debe existir la oportunidad de defensa para los acusados" dijo Cerezo al matutino local "El Periódico".
Karen Fisher, nuera del asesinado Jorge Carpio y dirigente de la Alianza contra la Impunidad, grupo que se opone rotundamente a un perdón para ambas partes, dijo a IPS que se están reuniendo para analizar las medidas a tomar si el Congreso aprobase una amnistía general.
"En realidad ya todo está decidido, y lo que harán es aprobar una 'amnistía disfrazada', tal vez con otro nombre pero que tendrá los mismos efectos que una amnistía general", aseguró Fischer.
Sin embargo, el presidente del Congreso en funciones, Jorge Barrientos, aseguró que los diputados del gobernante Partido de Avanzada Nacional al que pertenece están en la disposición de firmar una "amnistía general regulada", aunque la figura que surja de la mesa de negociaciones será la base para la discusión.
"La amnistía general con regulaciones no debe proteger a delincuentes comunes, y mucho menos a todos aquellos que hayan cometido delitos de lesa humanidad, que a mi criterio, no deben ser amparados", señaló.
La dirigente indígena y Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, cuyos padres y otros familiares fueron asesinados por militares a principios de la década pasada, también opina que no se puede tolerar una amnistía general.
Según Menchú, se pueden perdonar algunos delitos, pero no aquellos de lesa humanidad, de tortura o de masacre a la población civil, independientemente de si fueron cometidos por el ejército a por la guerrilla. (FIN/IPS/cz/jc/ip-hd/96
