La Organización de Estados Americanos (OEA) podría reemplazar a la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la verificación del acuerdo de paz en Guatemala que se firmará el 29 de diciembre.
El cambio estaría obligado por el veto que China anunció en contra del plan de la ONU, que el Consejo de Seguridad de ese organismo tratará en enero, dijeron a IPS fuentes próximas a las negociaciones que se están desarrollando en la capital de España entre el gobierno y la guerrilla de aquel país.
El veto chino se debe a que el gobierno de Guatemala, presidido por Alvaro Arzú, mantiene excelentes relaciones políticas, económicas y comerciales con Taiwan.
El papel en principio adjudicado a la ONU y que pasaría a la OEA es quizás el más delicado en el proceso de paz, ya que incluye la reunión de los rebeldes en ocho puntos del país, así como su desmovilización y entrega de las armas.
Las partes ya están de acuerdo en que tras la firma del acuerdo final en Guatemala el 29 de diciembre, el mediador de la ONU tendrá un plazo de 20 días para presentar una propuesta de trabajo al Consejo de Seguridad.
Si el veto chino impide la actuación de la ONU, su papel sería asumido por la OEA, que en un plazo de 15 días recibiría la lista de los 3.095 combatientes que entregarán las armas y se reinsertarán en la vida civil.
Esos combatientes, armados, uniformados y manteniendo sus estructuras de mando, se reunirán en ocho campamentos, dentro de Guatemala.
Alrededor de cada uno de esos campamentos habrá una zona de seis kilómetros de ancho en la que estará vedado el ingreso de las fuerzas armadas guatemaltecas.
Esos combatientes entregarán sus armas a la ONU o, en su defecto, a la OEA, sin ningún desfile ni ceremonia. Está especialmente previsto que no habrá un acto público de destrucción de las armas, sino que de eso se ocupará, después y en otro lugar, la ONU o la OEA.
Uno de los temas que mayor tiempo de discusión insumió a las partes fue la figura jurídica que adodptará la reinserción.
La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) rechazó expresamente una amnistía, porque en existe en el país una fuerte presión contraria por parte de los organismos defensores de los derechos humanos.
Esos organismos se oponen a la amnistía porque entienden que deben ser juzgados y castigados los militares y policías que violaron los derechos humanos, con torturas, desapariciones y asesinatos.
La URNG logró que la figura de la amnistía no sea aplicada a sus miembros. Lo que haga el gobierno con otros, como los militares, es responsabilidad suya y del parlamento, señalaron los negociadores de la guerrilla.
En el texto del acuerdo de paz la URNG hizo incorporar una enumeración exhaustiva de todos los artículos del Código Penal que no podrán ser aplicados a sus miembros.
Entre esos artículos figuran los que tipifican delitos de homicidio, lesiones, secuestros, atentados e, incluso, el de pertenencia a partidos políticos ilegales, como el comunista.
La exención penal abarcará los delitos que se les pudieran imputar en el período comprendido desde que se inició el conflicto armado, el 13 de noviembre de 1960, y el 29 de diciembre de este año, para cuando está prevista la firma del acuerdo final de paz, en Guatemala.
Una vez que el Consejo de Seguridad, o la OEA, aprueben el programa de desmovilización y reinserción (a mediados de enero), se abrirá un plazo de 60 días para cumplirlo.
El desarme y la desmovilización se realizará en tres etapas, en cada una de las cuales se desmovilizará 33 por ciento de los combatientes de la URNG. Mientras ese proceso se cumple, el gobierno y el parlamento deberán adoptar las medidas legales y administrativas para cumplir el tratado de paz.
Para el 17 de diciembre está previsto que el parlamento apruebe una ley que determinará la figura jurídica de la reinserción, que en ningún caso podrá ser la amnistía o el indulto, según lo acordado entre las partes.
Uno de los aspectos que resta definir es el juez que aplicará las medidas de reinserción. La Suprema Corte de Justicia tendrá un plazo de 14 días, a partir de la promulgación de la ley que aprobará el parlamento el 17, para nombrar un juez especial y determinar los procedimientos.
La URNG reclamó el nombramiento de un juez especial por entender que la democratización en la justicia es un proceso pendiente y que, por lo tanto, sus combatientes no deben quedar sujetos a la jurisdicción de cualquier juzgado.
Una vez iniciada la reinserción, la URNG comenzará su transformación en partido político, cuya legalización es también parte de los acuerdos de paz.
Con ese proceso se pondría fin al conflicto armado que comenzó en 1960, cuando los tenientes Yon Sosa y Turcios Lima sublevaron un regimiento y fundaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), fuertemente influidas por el castrismo. (FIN/IPS/td/jc/ip-hd/96
