Los legisladores de la mayoría y el gobierno de Francia se preparan para sancionar y aun hacer más dura la nueva ley destinada a frenar la inmigración, pero del seno de la propia OCDE surgen voces contrarias a la idea de que todo inmigrante es una amenaza para el orden público.
Hartmut Schneider y Marie-Hélène Libercier, funcionarios de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) -el organismo en que se estudian los intereses de los países más industrializados- han preparado un informe en el que exhortan a Francia y Europa a mirar con otros ojos a los inmigrantes.
"Los inmigrantes que ya están acá no deberían ser vistos como simples problemas para el orden y la seguridad sino como personas que pueden desempeñar papeles positivos para mejorar las relaciones entre Francia y sus países de origen", comentó Schneider.
El informe de Schneider y Libercier titulado "Inmigrantes: Socios en Cooperación para el Desarrollo" fue remitido al Centro de Desarrollo de la OCDE, que estudió en especial la contribución de los inmigrantes africanos a cinco países miembros de la organización sita en París, incluidos los malíes en Francia.
De acuerdo con un estudio de casos efectuado por el Instituto Panos de París, los inmigrantes de Malí en Francia -provenientes en su mayoría de la región de Kayes- han cubierto hasta 80 por ciento de las necesidades de consumo de sus aldeas.
La dependencia de ese país de las remesas de dinero de sus emigrantes se tornó más pronunciada en la década de los 70, cuando una crisis económica y una sequía asolaron a Malí, uno de los estados más pobres de Africa.
Altamente estructurados y con una fuerte ligazón con su país, los malíes que viven en Francia se cuentan entre los actores más destacados del desarrollo de la región de Kayes.
Sin embargo, también forman una de las comunidades más odiadas en Francia, frecuente objeto de deportaciones masivas efectuadas en vuelos especiales organizados por el gobierno.
La Asamblea Nacional de Francia aprobó la semana pasada una nueva ley que hará más difícil a los extranjeros no europeos entrar y residir en Francia, endureciendo aun más las propuestas restrictivas que había presentado el ministro del Interior, Jean- Louis Debré.
Ahora se espera que el Senado vuelva a debatir en enero el proyecto del gobierno, pero no podrá saberse con claridad como será la nueva legislación hasta que una comisión mixta de ambas cámaras se reúna para armonizar las dos versiones.
No obstante, las organizaciones defensoras de los derechos humanos se han opuesto al proyecto de ley que ya aprobó la Asamblea Nacional, subrayando que no aportará soluciones a largo plazo.
La iniciativa del gobierno y el debate parlamentario fueron consecuencia del movimiento que este año llevó a 300 africanos a buscar refugio en iglesias católicas de París, y del deseo de remediar las anomalías que contenía una ley sancionada en 1993, cuando el ministro del Interior era Charles Pasqua.
Al referirse a políticas de inmigración, Schneider opinó que "se debería prestar atención a preocupaciones de largo plazo y no a cuestiones tan inmediatas como una elección".
El informe concluyó que no puede esperarse una disminución de los flujos migratorios que salen de los países en desarrollo. "En un momento en que la presión migratoria crece en todo el mundo, el objetivo de la inmigración cero no es realista". (FIN/IPS/tra-en/ao/fn/arl/pr/96
