Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes temen que las autoridades de Francia hagan pagar a los extranjeros por el último atentado con bomba en una estación del tren metropolitano de París.
Los grupos temen que los inmigrantes, en particular los norafricanos, sean el blanco sistemático de controles de identidad por personal policial y militar a cargo de la aplicación de las nuevas medidas de seguridad impuestas tras el ataque del martes 3.
El gobierno envió el miércoles refuerzos policiales y militares a las principales ciudades y cruces fronterizos. El ministro del Interior, Jean-Louis Debre, informó que 1.800 soldados fueron asignados para asistir a la policía, especialmente en París.
Una bomba colocada en un tanque de gas de 13 kilogramos lleno de clavos explotó en la tarde del martes en un tren detenido en la estación Port Royal, en pleno centro de París.
La explosión, ocurrida a una hora en que gran parte de la población volvía del trabajo a sus hogares, mató inmediatamente a dos pasajeros e hirió a otros 79, siete de los cuales se encuentran muy graves.
La utilización del tanque de gas con clavos, la elección del lugar y la hora del atentado llevaron a las autoridades a relacionarlo con el ataque con bomba ocurrido en la capital en julio del año pasado, en que murieron siete personas, y que fue seguido por una serie de atentados menores y amenazas de bomba.
Los ataques fueron atribuidos a grupos islámicos armados opuestos al gobierno de Argelia, respaldado por Francia. Hasta ahora, sin embargo, ningún grupo se atribuyó el atentado del martes.
El primer ministro Alain Juppé ordenó inmediatamente la puesta en marcha del plan de seguridad "Vigipirate", empleado durante la ola terrorista del año pasado, que incluye patrullas policiales intensivas, control de fronteras y despliegue de gendarmes y soldados en estaciones de transporte y oficinas públicas.
"Haremos todo lo posible por identificar y castigar a los responsables del atentado", aseguró Juppé, quien señaló claros paralelismos con los ataques de 1995.
Pero el reforzamiento de las medidas de seguridad podría causar abusos y discriminación contra los inmigrantes en general y los norafricanos en particular, como lo demuestran informes de 1995, advirtió Mouloud Aounit, secretario general del Movimiento contra el Racismo y por la Amistad entre los Pueblos.
Tras calificar el ataque de "cobarde y abominable" y reconocer el derecho del gobierno a tomar medidas para detener a los culpables, Aounit expresó su temor de que el plan Vigipirate se transforme en una "caza y deportación de inmigrantes en situación irregular".
Según el grupo de Aounit y otras asociaciones, los africanos sometidos a controles de identidad fueron muchos más que los detenidos "de rasgos gálicos".
"Temo que una vez más los inmigrantes paguen las consecuencias, aunque no tengan nada que ver con el atentado último ni con los anteriores", manifestó Patrick Mony, del Grupo de Apoyo e Información a Trabajadores Inmigrantes. (FIN/IPS/tra-en/ao/rj/ml/ip-pr/96
