El director saliente de la CIA, John Deutch, se negó a devolver la acreditación de seguridad a un alto funcionario del Departamento de Estado que reveló la vinculación de la agencia con la muerte de un residente de Estados Unidos y un líder guerrillero en Guatemala.
Mientras funcionarios de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) calificaron la censura a Richard Nuccio como una cuestión de rutina, algunos analistas de Washington la consideraron un gran escándalo que podría debilitar la reforma del servicio nacional de inteligencia y la democratización en América Latina.
Nuccio perdió su acreditación tras revelar a un congresista que un informante de la CIA, el coronel Julio Roberto Alpirez, estuvo involucrado en los asesinatos del posadero Michael DeVine y Efraín Bamaca, un líder guerrillero casado con una abogada estadounidense, en 1990 y 1992, respectivamente.
En ese entonces, Nuccio, cuya carrera en el gobierno termina definitivamente con la decisión de Deutch, era un importante asesor político del Departamento de Estado, que intentaba negociar un acuerdo de paz entre el ejército y los guerrilleros guatemaltecos.
La publicación de la información por el republicano Robert Torricelli llevó a la Casa Blanca a exigir a fines del año último un castigo para Nuccio, de 49 años, y el pasado abril la CIA decidió quitarle la acreditación que le permitía acceder a información clasificada.
Nuccio declaró en un programa de televisión, el mes pasado, que la CIA le estaba obligando a salir del gobierno "por revelarle al Congreso lo que tenía derecho a saber".
La entrevista en el programa "60 Minutos" de la cadena CBS formó parte de su campaña pública por mantener su acreditación de seguridad.
Sin embargo, sus esfuerzos fracasaron, y Deutch confirmó la remoción de la acreditación que le permitía el acceso a "información especialmente clasificada (IEC)", más reservada aún que el material "ultrasecreto".
"Su acreditación no fue revocada, pero su acceso a IEC fue suspendido", explicó a IPS un funcionario de la CIA que solicitó reserva.
"Esto no es algo fuera de lo común; muchos funcionarios pierden su acreditación y acceso a información frecuentemente", comentó, y agregó que Nuccio podrá solicitar nuevamente el acceso a IEC dentro de un año.
El único "aspecto inusual" del caso sería la decisión de Deutch de establecer un panel de tres miembros para revisar la decisión inicial de la agencia, pero esta medida fue adoptada "en interés de la justicia", explicó el funcionario.
No obstante, Peter Kornbluh, analista de Archivos de Seguridad Nacional, una organización privada que se especializa en la publicación de documentos gubernamentales desclasificados, negó que se trate de un caso de rutina.
"Este es un escándalo de grandes proporciones", afirmó Kornbluh, quien señaló que Torricelli como miembro del Congreso tenía derecho a recibir la información que Nuccio le ofreció, de acuerdo con la Constitución.
La decisión de Deutch, añadió, "simplemente forma parte de un esfuerzo por encubrir las acciones atroces e ilegales que tuvieron lugar en el caso Alpírez". (FIN/IPS/tra-en/pz/ml/ip/96
