La dificultad para conformar una comisión negociadora que represente a todos los sectores de la sociedad dejaría sin armas a Ecuador para defender su tesis territorial frente a Perú, en la reunión del día 20 en Brasilia.
A una semana del inicio de las negociaciones entre los dos países, que libraron una guerra no declarada a principios de 1995 por un viejo diferendo territorial, la comisión ecuatoriana aún no se ha conformado.
Hasta el momento, unos 22 nombres han sido propuestos por la cancillería para completar la comisión, pero todos han declinado, alegando no contar con el apoyo de los sectores que representan.
Este es el caso del arzobispo de Guayaquil, Juan Larrea, quien en un principio aceptó integrar la comisión pero más tarde declinó por no contar con la aprobación de la jerarquía católica, pese a que la Iglesia ya había hecho pública su voluntad de participar en las negociaciones.
Analistas ecuatorianos atribuyeron las dificultades para conformar la comisión al clima de oposición al gobierno del presidente Abdalá Bucaram que se vive en el país andino.
La comisión negociadora se estableció en el Acuerdo de paz de Itamaraty, que puso fin al conflicto armado, y contó con el aval de los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro de 1942: Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos.
Según el Acuerdo de Santiago de Chile, que firmaron en octubre los cancilleres de Ecuador y Perú, las negociaciones de Brasilia tendrían que celebrarse antes de que concluya este año.
La reunión, dice el Acuerdo de Santiago, debe "alcanzar una solución global y definitiva a los impases subsistentes", definidos por las partes en marzo también en Brasilia, en la que abordan los problemas de demarcación territorial derivados del Protocolo de Río de Janeiro.
Para Ecuador, la integración de una comisión multidiciplinaria y plural, significa apoyar su tesis de invalidez del Protocolo de Río de Janeiro, es decir, de que el problema de fondo entre los dos países es territorial y no limítrofe, como sostendría Perú.
Esta posición ha llevado a Ecuador a considerar el problema territorial como un asunto de Estado y no de gobierno, por ello la intención de conformar una comisión representativa de toda la sociedad.
La cancillería peruana, por su parte, ha conformado una comisión técnica, que impulsaría su tesis de una mala interpretación cartográfica del Protocolo de Río.
Hasta el momento, de las tres personalidades ecuatorianas que aceptaron en un principio integrarse al proceso de negociaciones de Brasilia, una se retiró y otra condicionó su participación.
El ex vicepresidente ecuatoriano Blasco Peñaherrera dijo este viernes que se retira de la comisión, al considerar que "la falta de apoyo de otros sectores hace que lo más adecuado sea convocar a un grupo técnico, como lo ha hecho Perú".
Otro integrante, Alberto Wray, dijo a IPS que su participación estaría condicionada a la real conformación de un grupo representativo de los diferentes sectores del país, por lo que estima que tarde o temprano tendrá que presentar sus excusas.
El tercer miembro es Luis Valencia Valenzuela, actual embajador ante las Naciones Unidas. (FIN/IPS/mg/ag/ip/96
