Un agudo deterioro de los derechos económicos y sociales y la persistencia de violaciones endémicas en los derechos civiles y políticos, en especial el derecho a la vida, marcaron 1996 en materia humanitaria en Venezuela.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), la organización humanitaria más importante del país, difundió este martes su informe anual, en que también se destaca la pertinaz violación de los derechos de los presos en el país.
Este martes se celebró el día mundial en pro de los derechos humanos, en cuyo marco las mujeres organizadas de Venezuela plantearon también acciones contra la discriminación de género, en una reunión sobre los "derechos de las humanas".
Raúl Cubas, coordinador general de Provea, dijo a IPS que derechos como el de la salud, la seguridad social, de los trabajadores y el ambiente fueron gravemente dañados por el segundo plan de ajuste ejecutado en el país en siete años.
En los derechos civiles y políticos, el derecho a la vida fue el más conculcado, con 146 muertos por efectivos de seguridad del Estado, 30 más que en 1995, en un total de los que 93 casos corresponden a la aplicación "de facto" de la pena de muerte.
En las cárceles murieron 220 reclusos, 94 por armas de fuego, en un panorama general en que lo más positivo es que disminuyeron las denuncias de detenciones arbitrarias y violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal.
Un punto negativo destacado por Cubas es que el gobierno de Rafael Caldera asumió una actitud de descalificación de los organismos internacionales y locales que vigilan el respeto a los derechos humanos, con abiertas críticas a entidades como Amnistia Internacional o la Comisión de Naciones Unidas contra la Tortura.
La llamada Agenda Venezuela, pactada por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril impactó con extremo rigor el ya precario tejido social del pais, con efectos a corto y mediano plazo sobre la calidad de vida local.
En base a cifras oficiales, Cubas indicó que el desempleo abierto ascendió en 1996 a 11,1 por ciento, el más elevado desde 1989, cuando se aplicó el primer plan de estabilización económica, según condiciones impuestas por el FMI.
El sector informal de la economía llegó a 49,4 por ciento y el salario real se deterioró en 43,6 por ciento entre diciembre de 1995 y agosto, mientras que el sólo un bolívar de cada 3,5 del ingreso mínimo genera obligaciones laborales, porque el resto es percibido en bonos, lo que viola derechos de seguridad social.
El ingreso mínimo de los trabajadores está fijado en el equivalente a 110 dólares, lo que no cubre sino la mitad de la canasta básica y ha generalizado la pobreza, que afecta ahora a más de 80 por ciento de los 22 millones de habitantes del país.
Provea analizó el impacto en la salud, mientras que sólo desde 1997 incorporará el problema de la alimentación directamente, por cuanto fue en una cumbre mundial en octubre que este punto quedó establecido como un derecho humano.
Al menos 20 por ciento de los menores de 15 años padece desnutrición, mientras que este año fueron cerraron total o parcialmente 55 hospitales con la consecuente muerte de 37 pacientes, y repuntaron enfermedades erradicadas, como la tuberculosis.
En 1996, mientras el gobierno atesoró reservas monetarias que al concluir el año sumarán unos 16.000 millones de dólares, el gasto del sector público en salud bajo a 33 dólares por persona, frente a 50 dólares en 1995.
En tanto, 50 por ciento de la población con más de 60 años carecía de protección de algún tipo, casi 200.000 personas esperaban desde hacía dos años los beneficios de un seguro de desempleo y 100.000 personas calificadas como jubilados no recibían su primera pensión desde hacía cuatro años.
El deterioro ambiental llevó a la deforestación de 70 hectáreas por hora, según un informe de Naciones Unidas. La contaminación marina cubre entre 56 y 97 por ciento de las playas de las áreas de los extremos oriental y occidental del país.
Sobre la violencia penitenciaria, Provea reportó que aparte de los 220 muertos entre octubre 95 y septiembre 96, hubo 1.133 heridos, mientras que 73,4 por ciento de los 25.000 reclusos permanecen sin sentencia y la sobrepoblación se situaba en agosto en 56,2 por ciento.
En su informe anual, Provea también destacó que manifestar es una actividad peligrosa en Venezuela, ya que hubo 66 heridos por armas de fuego y 756 detenidos, mientras una de cada cinco marchas pacíficas fue violentamente reprimida.
Por su parte, el conjunto de organizaciones no gubernamentales sobre la mujer decidieron lanzar una campaña para conocer mejor las actuaciones de discriminación y maltrato que soportan las venezolanas, sobre la cual sólo se conoce "la punta del iceberg".
Además, en el encuentro sobre "el desarrollo de las humanas", las ONG acordaron presionar al Congreso para la pronta aprobación del proyecto de ley sobre la violencia hacia la mujer y la familia y establecer acciones para sensibilizar contra la impunidad a las agresiones soportadas por la mujer. (FIN/IPS/eg/dg/pr-hd/96
