Miriam Argüello, candidata presidencial conservadora en las recientes elecciones de Nicaragua, se convirtió en la primera mujer electa como procuradora de derechos humanos en la historia nacional.
Argüello es una de las figuras de más trayectoria política en este país, ya que incursionó hace más de 40 años en las filas del Partido Conservador, rompiendo con el monopolio que ostentaban los hombres en ese entonces.
Comenzó en cargos menores y ligados a actividades sociales. Sin embargo, en los años sesenta y setenta resultó electa congresista, haciendo una fuerte labor de oposición al régimen de Anastasio Somoza.
En la década pasada, continuó batallando desde la oposición al gobierno sandinista, por lo cual fue encarcelada hasta que fue beneficiada con una amnistía política meses después.
En 1990 fue electa diputada de la Unión Nacional Opositora y ocupó la presidencia del Parlamento. Posteriormente encabezó la Comisión contra la corrupción que investigó una serie de abusos.
Para el cargo de subprocurador de los Derechos Humanos fue electo Carlos Gallo, diputado del ala moderada del sandinismo.
Nicaragua era hasta este jueves el único país centroamericano que carecía de una Procuraduría de Derechos Humanos, que velara, promoviera y defienda las garantías constitucionales de los ciudadanos.
En Guatemala está vigente desde 1986, y en El Salvador, Honduras, y Costa Rica desde 1992. En los dos últimos la insitución fue reformada en 1994.
Para solventar el vacío, los legisladores nicaragüenses aprobaron a finales de 1995 la ley de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que entró en vigencia el 10 de enero último.
Sin embargo, el procurador no resultaba electo por falta de consenso en el parlamento, pese a que fueron presentadas cerca de una docena de candidaturas.
La ley establece que la Procuraduría es un organismo independiente, con personalidad jurídica propia, y autonomía funcional y administrativa.
Entre las atribuciones del procurador destacan la promoción de los derechos humanos a todos los niveles, así como la investigación de las actuaciones de la administración pública que vulneren las garantías de los nicaragüenses y exigir que los responsables sean sancionados.
También deberá velar por la situación de las personas privadas de libertad y nombrar a los procuradores de la Niñez, de la Mujer y de los Pueblos Indígenas.
"Estamos satisfechos con la ley, porque permite conformar un nuevo poder independiente", dijo a IPS Sergio Caramagna, jefe de la Comisión Internacional de Verificación de la Organización de Estados Americanos.
"La Procuraduría es una institución democrática de primer orden. Por eso esperamos que los legisladores actúen con plena responsabilidad", añadió.
De acuerdo a una investigación patrocinada por la Unión Europea, a inicios de 1996 sólo dos de cada 10 nicaragüenses tenía conocimiento sobre la Procuraduría de Derechos Humanos. (FIN/IPS/rf/dg/ip-hd/96
