La defensa de los derechos humanos en Honduras continúa siendo una profesión de alto riesgo, ya que se mantiene intacta la situación de impunidad que permitió una ola de violaciones en los años 80, advirtieron hoy autoridades responsables del tema.
Edmundo Orellana, fiscal del Estado, dijo este jueves que las últimas amenazas de muerte y los intentos de colocar dos bombas en la sede del organismo que encabeza, reflejan que se está "frente a grupos organizados que quieren destruir la justicia".
"Pero dejénme decirles a éstas personas que no nos atemorizan, seguiremos combatiendo la corrupción y la impunidad, porque no podemos seguir viviendo con los rezagos del pasado, donde las amenazas y ejecuciones extrajudiciales eran las cartas favoritas de los grupos organizados", agregó el fiscal.
Este martes, los cuerpos de seguridad de la Fiscalía desactivaron dos bombas C-4, de exclusivo uso militar, que habían sido colocadas en la sede del organismo.
La presencia de los artefactos, según el fiscal, revela que existe "gente infiltrada en la institución", ya que lograron violar las medidas de seguridad.
Orellana, quien calificó de "pícaros" a quienes han hecho de Honduras el "paraíso de la impunidad", dijo que no retrocederá en sus acciones por enjuiciar a corruptos y responsables de violaciones de los derechos humanos.
Las declaraciones del fiscal coincidieron este jueves con la publicación en la prensa local de un informe de la organización internacional Human Rigth Watch/Americas, que advierte sobre el peligro que corren las personas e instituciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos en Honduras.
Según ese organismo humanitario, la búsqueda de la verdad y la justicia constituye el mayor peligro al que se enfrentan los defensores de los derechos humanos en el país centroamericano, cuyas vidas están en constante peligro.
Human Rigth Watch sostiene que la defensa de los derechos humanos en Honduras es una profesión de "alto riesgo", al detallar los casos de amenazas a muertes, bombas y asesinatos cometidos contra personas que se dedican a esta actividad.
Entre los casos citados, destaca el asesinato de la defensora pública Marlen Zepeda, el 17 de junio pasado, por desconocidos que le dispararon cuando cenaba en un restaurante de la norteña ciudad de San Pedro Sula.
Zepeda investigaba robos de vehículos en los que presuntamente estarían implicados jefes de la policía en esa región.
También se menciona la muerte de Mercedes Emilia Custodio, hija del más destacado defensor de los derechos humanos en Honduras, Ramón Custodio, cuyo asesinato se atribuye a la intención de desestimular las actividades humanitarias.
La muerte de la hija de Custodio, cuyo cuerpo fue encontrado hace seis meses en una calle de Tegucigalpa, fue calificada de homicidio por la policía, algo que la familia rechazó en forma terminante.
Honduras vive en los últimos seis meses un clima de inseguridad ciudadana caracterizado por robos, asaltos, secuestros, ejecuciones extrajudiciales y denuncias sobre acciones de grupos paramilitares, similares a los existentes en los años 80.
En esa época, el país centroamericano vivió una masiva violación de los derechos humanos, con la desaparición forzada de 184 personas por motivos políticos por parte de los militares, según se desprende de un informe oficial.
Por estos hechos, la Fiscalía y grupos humanitarios han entablado los primeros juicios contra los militares responsables de violaciones de los derechos humanos, que se mantienen prófugos en un amplio desacato a la justicia.
Según Human Rigth Watch, los casos de violación de los derechos humanos y de corrupción constituyen los principales obstáculos que enfrentan los activistas humanitarios en Honduras. (FIN/IPS/tm/ag/hd/96
