/DERECHOS HUMANOS/COLOMBIA: Abogados premiados en Francia

Un grupo de abogados colombianos perseguidos por defender los derechos de los presos políticos y denunciar la justicia "sin cara" de su país recibió en esta capital el Premio Derechos Humanos 1996 de Francia.

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo recibió del presidente francés Jacques Chirac el premio y la suma de 100.000 francos (unos 20.000 dólares), durante una ceremonia en el Palacio del Elíseo, en el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Hubo también otros seis grupos galardonados, entre ellos el Comité de Helsinki para los Derechos Humanos en Bosnia-Herzegovina y la Comisión Cubana para los Derechos Humanos y la Reconciliación Nacional.

El Comité Público contra la Tortura en Israel y el Centro Palestino para los Derechos Humanos en Gaza compartieron un premio de 100.000 francos. Ambos grupos fueron honrados por su trabajo contra la tortura de detenidos en Israel y por la promoción del retorno a la democracia en Gaza, respectivamente.

Alirio Uribe, presidente del grupo de abogados colombianos, manifestó que en su país "la violencia es permanente y sistemática, y aunque las organizaciones de derechos humanos poseen estatuto legal y son reconocidas por el Estado, sus actividades son extremadamente riesgosas".

"Muchos defensores de los derechos humanos fueron asesinados, desaparecieron o se vieron obligados a exiliarse", afirmó.

De los 80.000 abogados existentes en Colombia, sólo 30 o 40 eligieron defender los derechos humanos, y esto demuestra el alcance de los peligros que enfrentan quienes denuncian los abusos y reclaman justicia, agregó Uribe.

Colombia vive una crisis interna de enormes proporciones relacionada con el narcotráfico, la corrupción y el terrorismo.

Las víctimas de la violencia son "personas que luchan por sus derechos económicos, sociales y políticos, como los campesinos que reclaman un pedazo de tierra o los sindicalistas que exigen salarios decentes y el derecho a la organización".

El galardón coincide con el lanzamiento del informe de una misión organizada por la Federación Internacional de Grupos de Derechos Humanos (FIDH) para investigar las denuncias de violaciones masivas en Colombia.

El equipo, integrado por el abogado Claude Katz, secretario general de la FIDH, y por Luis Carlos Nieto García, juez investigador en España y miembro de la organización "Jueces por la Democracia", visitó Bogotá entre el 30 de junio y el 7 de julio de este año.

Su informe demanda la abrogación de un excepcional procedimiento judicial llamado "justicia regional" instalado para juzgar casos de rebelión, sedición, extorsión, terrorismo y narcotráfico.

También conocido como "justicia sin cara", el sistema se caracteriza por el secreto de los testimonios brindados y el anonimato de los jueces y testigos, quienes hablan detrás de cabinas con vidrios ahumados y con voces distorsionadas.

Debido al secreto, el extraordinario procedimiento judicial viola varios derechos del acusado, entre ellos el derecho a un juicio abierto y justo y el de examinar y rechazar los cargos en su contra.

Además, el sistema niega al acusado el derecho a la asesoría legal. Algunos casos presentados a la FIDH denuncian la práctica de interrogar al acusado en ausencia de su abogado.

La lógica de tan extraordinario procedimiento sólo puede entenderse tomando en cuenta el contexto político, económico y social de Colombia, destaca la FIDH.

En un país de 37 millones de habitantes, 17 millones viven en condiciones de pobreza, y 12 millones bajo el umbral de extrema pobreza establecido por estándares internacionales.

Tales son las proporciones y la permanencia de la violencia en Colombia que el país tiene una de las más altas tasas de homicidios del mundo (72 cada 100.000 habitantes en 1995).

La violencia es esencialmente política, argumenta el informe. Entre 1986 y 1995, unos 20.000 asesinatos tuvieron, confirmada o presuntamente, motivaciones políticas.

Aunque los agentes de la violencia suelen ser delincuentes comunes, narcotraficantes y guerrilleros, también lo son policías y militares que actúan bajo la forma de grupos paramilitares.

Gran parte de esta violencia, dirigida principalmente contra políticos izquierdistas, líderes de partidos tradicionales, artistas, intelectuales, periodistas o líderes de movimientos sociales y sindicatos, permanece impune.

"Aunque entendemos la preocupación del gobierno colombiano por proteger a los magistrados, (…) creemos que la 'justicia regional' es absolutamente incompatible con los principios democráticos que gobiernan la sociedad colombiana", concluye el equipo de la FIDH. (FIN/IPS/tra-en/ao/fn/ml/hd/96

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