La jueza que instruye el proceso por el asesinato en Chile del senador derechista Jaime Guzmán dispuso este miércoles el procesamiento del jefe máximo de la policía civil, Nelson Mery, y del viceministro de Desarrollo Social, Marcelo Schilling.
La magistrada Raquel Camposano acusó a ambos funcionarios de "obstrucción a la justicia" y su resolución reabrió el debate en torno al empleo de métodos ilegales en la desarticulación de grupos calificados de terroristas bajo la gestión del ex presidente Patricio Aylwin (1990-94).
El gobierno del presidente Eduardo Frei dio su respaldo ético y político a Mery y Schilling, y se abstuvo de dar curso a las renuncias que éstos le presentaron a la espera de una resolución final de los tribunales.
La oposición derechista demandó en cambio el relevo inmediato del jefe policial y del viceministro, acusándolos de haber encubierto a "delincuentes terroristas" usando instituciones y medios del Estado.
La oficialista Concertación por la Democracia respaldó en cambio a Mery y Schilling, y un diputado socialista afirmó que la jueza fue inducida en su resolución por un testigo vinculado a un capitán del Ejército en servicio activo.
Camposano asumió en julio como jueza especial en el proceso por el asesinato del senador Guzmán, fundador de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), asesinado el 1 de abril de 1991 por un comando del ala más radicalizada del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).
La magistrada incorporó también a la causa antecedentes del secuestro del empresario periodístico Cristián Edwards, quien en 1990 estuvo en poder del mismo grupo de extrema izquierda, que lo liberó a cambio de un millonario rescate.
El ministro de la Secretaría General de Gobierno y portavoz presidencial, José Joaquín Brunner, destacó que las resoluciones de la jueza contra Mery y Schilling no se basan en situaciones ligadas directamente al caso Guzmán.
La acusación contra Schilling está fundamentada en tareas que ordenó como coordinador de la Oficina de Seguridad Pública, organismo creado por Aylwin para combatir a grupos insurgentes.
El abogado de la familia Guzmán, Luis Hermosilla, precisó que la jueza dispuso el procesamiento de Schilling por "obstrucción a la justicia" al aplicar "criterios selectivos" en una diligencia judicial, que implicaron proteger a "terroristas".
A Schilling se le acusa de mantener mientras estuvo a cargo de "la Oficina" -como se conoce al organismo de seguridad- a una red de informantes integrada por ex insurgentes, algunos de ellos prófugos de la justicia.
El procesamiento de Mery se basa en que no entregó a la justicia una filmación hecha por el ex subcomisario Jorge Barraza, donde aparecerían elementos del FPMR prófugos, implicados en el asesinato de Guzmán y el secuestro de Edwards.
En medios judiciales se anticipó que por la gravedad del delito de secuestro, Mery podría ser sentenciado a unos cinco años de presidio si es considerado culpable por los tribunales.
La jueza Camposano ordenó el procesamiento de otras seis personas, incluyendo a Barraza, acusado de desacato a la justicia, y a otros policías e informantes de "la Oficina", pero todos ellos siguen en libertad por tratarse de cargos menores.
El diputado socialista José Antonio Viera-Gallo afirmó que "la jueza fue inducida a error" para inculpar a Mery y Schilling por un testigo llamado Humberto López, vinculado al capitán de Ejército Alejandro Ortiz.
Viera-Gallo consideró de suma gravedad esta situación por la implicancia que tiene en ella, según afirmó, un miembro en servicio activo del Ejército, rama castrense que comanda el ex dictador Augusto Pinochet (1973-90).
Los jefes de las bancadas de diputados de los partidos oficialistas reiteraron sus aseveraciones de que "en el combate al terrorismo no se emplearon métodos ilegales ni se violaron los derechos humanos".
Bajo ese precepto, los parlamentarios expresaron su respaldo a Mery y Schilling, y concurrieron hasta el palacio presidencial de La Moneda para solidarizarse con el viceministro y acompañarlo hasta los tribunales.
El diputado Víctor Pérez, de la UDI, dijo que la decisión de Camposano confirma que "autoridades del gobierno protegieron a delincuentes, ocultaron a extremistas y obstruyeron la Justicia".
Pérez demandó la remoción inmediata de sus cargos de los dos funcionarios acusados, exigencia hecha también por el diputado Andrés Allamand, presidente del Partido Renovación Nacional, el mayor de la derecha. (FIN/IPS/ggr/ag/ip-hd/96
