El gobierno de Chile está analizando a través de la cancillería la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas para su eventual ratificación, informó la ministra de Justicia, Soledad Alvear.
En un encuentro con corresponsales de la prensa internacional la ministra recordó igualmente que el gobierno del presidente Eduardo Frei ya presentó al parlamento la ley para ratificar la Convención de Naciones Unidas contra la tortura.
En un seminario internacional contra la impunidad de las violaciones de derechos humanos, celebrado el último fin de semana en Santiago, se advirtió el escaso número de países que han adoptado el instrumento contra la desaparición forzada.
Esta convención, planteada en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha sido ratificada sólo por tres de sus 34 estados miembros: Argentina, Bolivia y Uruguay.
Alvear declinó comentar si este instrumento podría entrar en contradicción con la ley de amnistía expedida en Chile en 1978, bajo la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), que protege a los autores de casi 3.000 crímenes represivos.
La ministra indicó que la vigencia de la convención contra la tortura establecerá mecanismos más expeditos de denuncia e investigación sobre los casos de abusos con detenidos que se atribuyen cada cierto tiempo a los cuerpos policiales.
En su encuentro con la prensa internacional, la titular de Justicia reiteró que el gobierno no planea legislar para reponer el aborto terapeútico, declarado ilegal en 1989, en las postrimerías de la dictadura de Pinochet.
Según organizaciones de mujeres, esta proscripción aumentó las prácticas abortivas clandestinas, cuyo número es estimado en más de 100.000 casos en cada año.
La ministra señaló que expertos médicos ponen en duda la tipificación del aborto terapeútico y que, en ese sentido, el gobierno estima más provechoso que legislar el realizar una fuerte campaña preventiva de los embarazos no deseados.
Alvear estimó asimismo que dentro de unos tres a cuatro meses podría culminar la tramitación legislativa de dos proyectos para instituir en Chile el divorcio, existente ya en todos los demás países occidentales.
En su encuentro con los corresponsales extranjeros, la ministra puso énfasis en las iniciativas del gobierno de Frei para modernizar la administración de Justicia y reformar códigos que tienen ya más de 100 años de antigüedad.
Estas reformas apuntarán a garantizar el acceso a la justicia, separando las instancia de los juicios y creando figuras como el ministerio público, además de poner énfasis en un sistema más rehabilitador que punitivo de la delincuencia.
En Chile hay una población penal de 24.000 personas, de las cuales sólo 50 por ciento están efectivamente sentenciadas, mientras las 12.000 restantes permanecen privadas de libertad en el curso de prolongados y engorrosos procesos.
La modernización de la Justicia es indispensable para que el país lleve a cabo su estrategia de integración comercial, ya que, por ejemplo, los procedimientos de arbitraje en Chile son engorrosos y anacrónicos, puntualizó la ministra.
Otro frente importante de reformas legales, según destacó Alvear, es el relacionado con la adaptación de las normas chilenas a la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, adoptada por Naciones Unidas desde 1990.
En este sentido se tramitan leyes sobre adopción de menores, filiación de hijos, reformas carcelarias para segregar a los jóvenes de los adultos y otros aspectos relativos a considerar a la infancia como sujeto de derechos y no sólo objeto de protección. (FIN/IPS/ggr/ag/hd/96
