La divulgación de que Brasil concentra la mayor parte de los niños y adolescentes obligados a trabajar en América Latina y sigue sometiéndolos a otras violencias empañó en este país la celebración del Día Mundial de los Derechos Humanos.
El presidente Fernando Henrique Cardoso conmemoró la fecha en Brasilia entregando por segunda vez el Premio Nacional de Derechos Humanos, concedido anualmente a personas que se destacaron en esa área.
Mientras, una manifestación de organizaciones no gubernamentales (ONG) en Río de Janeiro elegió el Instituto Padre Severino para señalar las persistentes violaciones de los derechos de la niñez en el país.
En un documento dirigido al Ministerio de Justicia, las ONG informan sobre las torturas, abusos sexuales y otras violencias cometidas en la institución, destinada a 150 niños abandonados o que cometieron delitos, pero que acoge el doble actualmente.
La dramática situación de los niños brasileños es también destacada por el informe anual del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que será divulgado este miércoles.
Brasil concentra 53 por ciento de los 17,5 millones de niños y adolescentes que trabajan en América Latina. Se trata de 9,3 millones de menores de 18 años obligados al trabajo precoz en el país, según el informe "Situación Mundial de la Infancia".
De ese total, 500.000 tienen menos de 10 años. Con los de 10 a 14 años suman 4,3 millones los brasileños que deberían estar en la escuela y no cortando de caña de azúcar y en otras tareas agrícolas, producción de calzados, de carbón vegetal y construcción.
Un ejemplo de la explotación del trabajo infantil tiene lugar en Santaluz, municipio del interior del estado de Bahía, en el noreste de Brasil, donde niños y niñas quiebran piedras para pavimentación de calles, ganando tres dólares por dia, según informó el diario O Estado de Sao Paulo.
El sindicato local estima que son unos 300 trabajadores de 10 a 17 años, pero el alcalde Joelcio Martins da Silva calcula que son muchos más, "unos 800". Como no hay contratos o registros, no se conoce el número exacto.
El Día de los Derechos Humanos coincidió también con la absolución de tres acusados de participación en la "masacre de Candelaria", como se conoce el asesinato de ocho niños de la calle en el centro financiero de Río de Janeiro, cometido hace cuatro años por un grupo de policías.
El teniente de la Policía Militar Marcelo Ferreira Cortes, el soldado Claudio Andrade dos Santos y el herrero Jurandir Francia fueron reconocidos por sobrevivientes de la masacre como autores, pero el jurado los absolvió por unanimidad.
El reconocimiento no fue conclusivo y dos policías, ya condenados a más de 200 años de carcel cada uno, confesaron el crimen, absolviendo a los tres otros acusados, reconocieron los jurados y la propia fiscalía.
Los tres acusados, que estuvieron presos 33 meses, anunciaron que demandarán una indemnización al Estado por tres millones de dólares cada uno, argumentando que su futuro fue destruido por el "error judicial".
La abogada Cristina Leonardo y la artista plástica Yvone Bezerra de Mello, protectoras de los niños que vivían en las cercanías de la Iglesia de Candelaria, lamentaron el resultado, considerando que hubo fallas en el juicio, especialmente por no haber considerado el testimonio de los niños sobrevivientes.
Las condecoraciones entregadas por Cardoso forman parte de un Programa Nacional de Derechos Humanos, lanzado el año pasado, que prevé varias medidas contra violaciones que producen una imagen muy negativa de Brasil en el exterior.
Pero muy poco se hizo efectivamente, según las ONG que actúan en esa área.
Human Rights Watch, de Estados Unidos, acaba de concluir un informe en que señala la impunidad que persiste en varias masacres cometidas principalmente por la policía brasileña, como la de Eldorado de Carajás, en el norte, donde murieron 19 campesinos sin tierra el año pasado.
Pierre San, secretario general de Amnistía Internacional, reclamó en artículo publicado este martes en el diario Folha de Sao Paulo que se haga efectiva una de las propuestas del Programa brasileño, pasando los crímenes de policías militares de los tribunales militares a la justicia civil.
Con eso, y con las autoridades federales investigando violaciones de los derechos humanos, posiblemente se habría castigado a los escuadrones de la muerte que asesinan especialmente a jóvenes en la periferia de las grandes ciudades.
Y el movimiento por derechos humanos probablemente no habría perdido a uno de sus miembros más valiosos, el abogado Gilson Nogueira, muerto a tiros en octubre en la ciudad de Natal, en el noreste de Brasil, tras destacarse en investigar un escuadrón de la muerte local, señaló San. (FIN/IPS/mo/ag/hd-pr/96
