Organizaciones no gubernamentales (ONG) reunidas en Chile en un seminario internacional demandaron una serie de acciones políticas y judiciales a nivel mundial para combatir la impunidad de crímenes contra los derechos humanos.
Las ONG de países de América, Europa, Asia y Africa propusieron elaborar una Convención contra la Impunidad y crear un Tribunal Penal Internacional que enjuicie y castigue a responsables de crímenes de lesa humanidad.
Las propuestas forman parte de la Declaración de Santiago de Chile, aprobada este domingo al término del "Seminario Internacional sobre Impunidad y sus efectos en los procesos democráticos", que se prolongó por tres días.
La condicionalidad positiva en la negociación de tratados económicos internacionales para favorecer a países que respetan los derechos humanos es otra de las propuestas contenidas en la declaración de 10 páginas.
En el encuentro se adoptaron también resoluciones especiales de respaldo a la firma el día 29 de los acuerdos de paz en Guatemala y de repudio a una nueva postulación presidencial del ex dictador Hugo Bánzer en Bolivia.
Se acordó asimismo apoyar la campaña para el cierre de la Escuela de las Américas, donde Estados Unidos adiestra militares latinoamericanos, y promover la difusión de los nombres de los 57.000 uniformados de la región entrenados allí.
En otra resolución se exige al gobierno de España que lleve a la Corte Internacional de La Haya el caso de su connacional Carmelo Soria, cuyo asesinato en Santiago en 1976 fue amnistiado, y se demanda al gobierno chileno la expulsión del Ejército de los militares implicados en el crimen.
En el seminario participaron ONG humanitarias de Canadá, Estados Unidos, América Central y América del Sur, de varios países de la Unión Europea e incluso llegaron delegados de Filipinas y Camerún, además de personalidades internacionales.
Entre estas últimas estuvieron el argentino Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980, el francés Louis Joinet, relator especial de Naciones Unidas contra la Impunidad, y el suizo Eric Sottas, de la Organización Mundial contra la Tortura.
El general retirado Rodolfo Robles, encarcelado en Perú por el gobierno del presidente Alberto Fujimori y liberado tras una intensa campaña local e internacional, fue otra de las figuras destacadas de este encuentro.
El seminario advirtió en su documento conclusivo que la impunidad es un fenómeno que viola un conjunto de derechos civiles, políticos, económicos y sociales y que en tal sentido impide la realización de la democracia y atenta contra la paz.
En América Latina los autores de crímenes represivos durante los regímenes militares de la década de los 70 y los 80 están resguardados por leyes de las propias dictaduras o expedidas bajo presión por los gobiernos civiles que las sucedieron.
El fenómeno de la impunidad tiende a extenderse mundialmente en áreas altamente conflictivas, como la ex Yugoslavia, algunas ex repúblicas soviéticas, la zona de los grandes lagos en Africa o países islámicos con conflictos étnico-religiosos, se advirtió en el seminario.
Fabiola Letelier, presidenta del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) de Chile, una de las organizadoras del encuentro, recordó que en América Latina se registraron en las últimas décadas 120.000 casos de detenidos-desaparecidos.
Las ONG acordaron generar acciones para obtener la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, que declara a este delito como imprescriptible, extraterritorial y no amnistiable.
Esta convención ha sido ratificada hasta la fecha sólo por tres de los 34 países miembros de la Organización de Estados Americanos: Argentina, Bolivia y Uruguay.
Entre las numerosos acuerdos adoptados en el seminario se incluyó también el luchar por la tipificación en las legislaciones nacionales de los delitos de lesa humanidad, como la desaparición forzada, la tortura y el genocidio.
Las ONG promoverán igualmente la adopción de leyes contra la impunidad en el Parlamento Latinoamericano y apoyarán los juicios contra ex dictadores latinoamericanos y autores de crímenes represivos que se llevan a cabo en España e Italia.
La puesta en marcha de sistemas permanentes de denuncia de crímenes represivos y de defensa de las víctimas, así como campañas en favor de los presos políticos y de dignificación de los sistemas carcelarios, fueron otros acuerdos del encuentro.
Las ONG consignaron que son los Estados los responsables por las violaciones de derechos humanos en sus respectivos territorios y apoyaron las relatorías especiales de Naciones Unidas en países donde se cometen crímenes de lesa humanidad.
La abolición de la pena de muerte y del servicio militar obligatorio fueron también considerados pasos indispensables para el pleno respeto de los derechos humanos y la vigencia de la democracia, según las resoluciones del seminario.
La impunidad, se dijo en el encuentro, prospera en el marco del modelo neoliberal, que tiene un carácter excluyente y conculcador de los derechos económicos y sociales, afectando en especial a sectores como la infancia, las mujeres y la tercera edad. (FIN/IPS/ggr/jc/hd/96
