Cuba pretende bloquear los reclamos previstos en el polémico título tres de la ley estadounidense Helms-Burton con la aprobación y puesta en marcha de un "antídoto" propio.
La Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento), que sesionó este martes y miércoles, sancionó la "Ley de reafirmación de la dignidad y soberanía cubana", que declara ilegal toda acción que facilite el cumplimiento de la Helms- Burton.
La ley estadounidense, firmada el 12 de marzo por el presidente de Estados Unidos Bill Clinton, permite el inicio de querellas ante tribunales de esa nación contra empresas o empresarios de terceros países que trafiquen con antiguas propiedades de ciudadanos estadounidenses en Cuba.
La "antídoto" cubana ratifica la voluntad del gobierno de Fidel Castro, expresada en el mismo momento de las confiscaciones de las propiedades estadounidenses, de llegar a un acuerdo con Washington para establecer los mecanismos de compensación.
Al mismo tiempo, decreta que quienquiera que utilice los mecanismos previstos por la ley Helms-Burton quedará automáticamente excluido de la posibilidad de que sus reclamos sean alguna vez compensados por la parte cubana.
La ley considera nula y sin valor toda demanda amparada en la ley Helms-Burton, independientemente de la nacionalidad del demandante.
Cuba reconoce sólo los pedidos de los dueños que en el momento de la confiscación eran ciudadanos estadounidenses y no la de los llamados "nuevos reclamantes", exiliados cubanos que se hicieron posteriormente ciudadanos de Estados Unidos.
La ley declara ilícita cualquier forma de colaboración, directa o indirecta, con la aplicación de la ley estadounidense, incluyendo la búsqueda y suministro de información a cualquier representante de Washington.
El acápite sobre suministro de información intenta frenar toda posible indagación estadounidense sobre las inversiones extranjeras en Cuba y, al mismo tiempo, sobre antiguas propiedades de ciudadanos de Estados Unidos en la isla.
Abogados estadounidenses reunidos en La Habana el 17 de septiembre reconocieron que cualquier demanda legal en Estados Unidos se dificultaría toda vez que los registros de propiedad se encuentran en Cuba y el acceso es sólo posible con la anuencia del gobierno de la isla.
La ley cubana prevé medidas para la protección de la inversión extranjera en la isla, considerada una de las principales fuentes de ingreso de divisas al país y elemento dinamizador de la economía.
Las autoridades locales quedan comprometidas a brindar a los empresarios extranjeros la información o documentación requerida para la defensa de sus legítimos intereses frente a las disposiciones de la Helms-Burton, según el documento.
Entre las vías previstas para la protección de los inversionistas, la ley contempla el traslado de ingresos o utilidades a empresas fiducidiarias, entidades financieras o fondos de inversión.
Según fuentes oficiales Cuba tiene constituídas más de 200 empresas mixtas con capital extranjero y más de 600 firmas de otros países se encuentran acreditadas ante la Cámara de Comercio de la isla.
La nueva ley cubana reconoce la demanda de La Habana a Washington por las pérdidas económicas resultantes del bloqueo económico decretado contra la isla en 1962, estimadas en más de 60.000 millones de dólares.
Asimismo, La Habana podría formular demandas por los robos realizados a los fondos públicos por cubanos xiliados en Estados Unidos y compensaciones por los crímenes cometidos durante la dictadura de Fulgencio Batista, entre 1952 y 1958.
El Ministerio de Justicia creará comisiones especiales que darán curso legal a reclamos de ciudadanos cubanos que denuncien afectaciones personales o a su familia por acciones apoyadas o auspiciadas por el gobierno de Estados Unidos. (FIN/IPS/da/dg/ip/96
