La emigración ilegal vuelve a ser la gran preocupación común de Cuba y Estados Unidos, y la búsqueda de soluciones podría convertirse en una ampliación de los acuerdos migratorios bilaterales para el año próximo.
El derribo de dos avionetas civiles por fuerzas aéreas cubanas, en febrero, y la aprobación de la ley Helms-Burton que endurece el bloqueo al país caribeño, en marzo, interrumpió las negociaciones pero no canceló el proceso iniciado en septiembre de 1994.
"Estamos dispuestos a devolver a Cuba a todos los cubanos que arriben ilegalmente a Estados Unidos, siempre y cuando el gobierno de Cuba acepte esa devolución", dijo en rueda de prensa John Hamilton, subsecretario de Estado para América Central y el Caribe de Estados Unidos.
Hamilton presidió la delegación estadounidense a la sexta ronda de conversaciones migratorias bilaterales que verificó en La Habana el cumplimiento de los acuerdos logrados por las partes desde la década del 80.
El presidente del parlamento de Cuba, Ricardo Alarcón, quien encabeza la delegación de su país, aseguró que ese mecanismo pondría "fin a la manipulación, ilegítima y nociva" de un derecho humano legítimo, pero que debe "ser encaminado de una manera ordenada".
A la decisión de interceptar y repatriar a todos los indocumentados que intenten llegar a Estados Unidos se sumaría la devolución de las personas que logren entrar en forma ilegal a territorio norteamericano.
"Ese sí sería el final de la historia de los balseros", dijo un experto de la Universidad de La Habana que pronosticó que sólo el anuncio de ese posible acuerdo "caerá como una bomba" en Miami.
Autoridades estadounidenses repatriaron, entre mayo de 1995 y noviembre de este año, 504 indocumentados cubanos que intentaron llegar a ese país por vía marítima o penetrar en la Base Naval de Guantánamo, enclave militar estadounidense unos 900 kilómetros al sudeste de La Habana.
Pero más de un centenar de balseros que lograron llegar al sur del estado de Florida no han sido devueltos y aspiran a ser aceptados como residentes en virtud de la Ley de Ajuste Cubano.
Miles de personas se han beneficiado hasta el momento con esa ley que le da la facultad al Departamento de Justicia de admitir o no a cualquier ciudadano cubano que llegue a ese país de forma ilegal.
La firma de un nuevo acuerdo para poner fin a la emigración ilegal dejaría aún la oportunidad de quedarse y obtener residencia en Estados Unidos a aquellas personas que viajan a ese país con visa de trabajo o para visitar a sus familiares.
En 1990 vivían en Estados Unidos 1.043.922 cubanos, que representaban nueve por ciento de los habitantes de origen hispano en ese país y 7,5 por ciento de los que vivían en Florida, según el censo de población de ese año.
"No sería tolerable la deportación de balseros cubanos desde suelo norteamericano mientras Cuba siga oprimida", dijo en Miami el congresista republicano de origen cubano Lincoln Díaz-Balart, en alusión al caso de decenas de balseros retenidos por el Servicio de Inmigración y Naturalización.
Alarcón reveló en La Habana que las negociaciones, en curso desde el miércoles pasado, podrán incluir a las personas que llegaron a Estados Unidos después de los acuerdos de mayo de 1995 que establecieron la repatriación de los ilegales.
Expertos del Centro de Estudios de Estados Unidos de la Universidad de La Habana aseguran que Washington aspira a que Cuba deje de ser una excepción dentro de su política migratoria, aunque ello le cueste la oposición de los sectores más poderosos del exilio cubano.
Durante la última reunión, ambas partes reiteraron su compromiso con los acuerdos para propiciar una migración "segura, legal y ordenada", y coincidieron en reanudar las rondas como un mecanismo de consulta sistemática.
A diferencia de rondas anteriores, cuando públicamente sólo se habló del cumplimiento de los acuerdos alcanzados tras la "crisis de los balseros" del verano de 1994, el último contacto desenterró con fuerza los acuerdos de 1984 y 1987.
Entre los aspectos que aún se encuentran en plena vigencia aparecen el compromiso cubano de aceptar a 2.476 emigrantes catalogados como "excluíbles" por Estados Unidos y el compromiso de las partes de encontrar "una solución mutuamente aceptable" a las transmisiones radiales hacia Cuba.
"Todavía estamos recibiendo personas de aquella lista", afirmó Alarcón y catalogó como "gran paradoja" la continuación de una emisora como Radio Martí, que transmite desde territorio norteamericano alentando a los cubanos a la emigración ilegal.
La ampliación de las conversaciones y la satisfacción de las partes por el cumplimiento de los últimos dos acuerdos parecen haber relajado las tensiones de una ronda que se anunció con serios descontentos de la parte cubana y una queja pendiente del lado estadounidense.
El caso pendiente sobre los responsables en dos actos de piratería aérea fue resuelto con el compromiso del gobierno de Estados Unidos de enjuiciarlos y la garantía de cooperación dada por Cuba.
"Lo más importantes es que no se condone el crimen, ni se deje de acatar las obligaciones ante la comunidad internacional", dijo Alarcón, e insistió en que, según los acuerdos, los piratas debían haber sido entregados a Cuba.
En su encuentro con la prensa, Hamilton no mencionó una queja planteada por la parte estadoundense durante la quinta ronda de negociaciones, en noviembre del año pasado, sobre el excesivo costo de las tarifas migratorias aplicadas por Cuba.
El jefe de la delegación cubana dijo que ese era un tema de política interna, que no tenía relación con las conversaciones y aseguró que la cantidad de cubanos que viajaron a Estados Unidos en los dos últimos años prueba que el costo no es un freno para la emigración legal.
Después de la "crisis de los balseros", que provocó el éxodo de unos 30.000 cubanos, Estados Unidos se comprometió a asegurar la entrega de al menos 20.000 visas al año para emigrantes permanentes.
Fuentes oficiales cubanas aseguran que desde los acuerdos de septiembre de 1994, unos 40.000 cubanos han viajado a Estados Unidos para asentarse en ese país de forma legal. (FIN/IPS/da/ag/ip/96
