La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) logrará para los trabajadores de Corea del Sur las mejoras de las condiciones laborales que no se alcanzaron con años de protestas callejeras y huelgas.
La OCDE, el selecto club de los países más industrializados del mundo, no establece ningún requisito en materia de leyes laborales para las naciones que aspiran a integrarla, pero hará una excepción en el caso de Corea del Sur, que está decidida a asociarse y quizás lo haga en enero.
Los trabajadores de Corea del Sur están seguros de que, gracias a esa determinación, en 1997 se registrarán mejoras en las condiciones laborales.
"Las propuestas de reforma son radicales, pero no hay alternativa si Seúl quiere engrosar la OCDE", dijo el presidente de la Confederación Coreana de Sindicatos (KCTU), Kwong Yong Gil.
"Las leyes laborales no son un criterio esencial para aceptar un nuevo miembro en la OCDE, pero Australia, Canadá, Gran Bretaña y Nueva Zelanda, entre otros, consideran que la legislación surcoreana es demasiado dura y debería ser analizada", explicó el experto laboralista japonés Hitoshi Onuki.
Durante muchos años, los trabajadores surcoreanos debieron manifestar en las calles sus reclamos por aumentos de salarios, el fin de las horas extra obligatorias o el derecho a la sindicalización y la negociación colectiva.
Pero las condiciones de trabajo no son hoy mejores de lo que eran en 1987, cuando las protestas de cientos de miles de activistas obligaron al dictador y general del ejército Chun Doo Kwan a renunciar a la presidencia, ocho años después del golpe de Estado que lo llevó al poder.
Chun está cumpliendo cadena perpetua tras ser hallado culpable de sublevación, traición y corrupción. En agosto, fue sentanciado a muerte por crímenes relacionados con el golpe de Estado de 1979. Esta semana, una Corte de Apelaciones conmutó esa pena a prisión de por vida.
El hecho de que Chun haya debido afrontar un juicio demuestra los cambios que se han registrado en Corea del Sur, hoy gobernada por civiles.
Pero los trabajadores, cuya actividad fue vital en la reconstrucción nacional tras la guerra de Corea (1950-1953), no han percibido la prosperidad económica que los indicadores atribuyen al país.
El año 1997 podría marcar una nueva era en las relaciones entre trabajadores y empleadores si Corea del Sur certifica su carácter de país industrializado al convertirse en el socio número 29 de la OCDE.
"Estamos prontos para afiliarnos y para cumplir con los criterios de otras naciones industrializadas, pero eso no significa, necesariamente, que nosotros seamos un país plenamente industrializado", dijo Lee Kyung Sue, del Departamento Económico de la Embajada de Corea del Sur en Tokio.
"Los beneficios de la membresía a este club prestigioso son obvias. Nos hará más fácil, por ejemplo, el proceso de globalización", sostuvo Lee.
La OCDE informó a Seúl que, para unirse a ella, debería liberalizar aun más su economía, demoler las barreras que protegen a sus servicios financieros y mercados de capital y mejorar dramáticamente sus condiciones de trabajo para ponerlas a tono con los criterios internacionales.
Corea del Sur debería acabar con las restricciones a la libertad de asociación e introducir la negociación colectiva en sus leyes laborales "para que los derechos humanos estén a tono con lo que se espera de un país industrializado", según la OCDE.
El grupo instaló un comité permanente para el control de las reformas laborales en Corea del Sur y creó un comité asesor adicional sobre sindicatos que procura la liberación de 39 activistas presos.
"Las leyes antidemocráticas de la era militar ponen en peligro la intención de Seúl de unirse a la OCDE", dijo John Neuffer, economista del Instituto de Investigaciones Mitsui en Tokio.
El experto recordó que los países de Europa critican a Corea del Sur por sus duras leyes laborales, que, por ejemplo, prohiben la multiplicidad de sindicatos y la intervención de terceras partes (mediadores) en los conflictos.
"No podemos olvidar las docenas de sindicalistas que fueron arrestados por violar leyes sobre actividad sindical", advirtió Neuffer.
Seúl afirma que su estrategia en materia de sindicatos, sin cambios desde la dictadura militar, tiene el objetivo de mantener el acatamiento de la ley y el orden durante los conflictos laborales y asegurar la máxima autonomía en las relaciones entre trabajadores y empleadores.
Los analistas sostienen que, de todos modos, esta estrategia domina a los sindicatos, en particular respecto de la "actividad política", prohibida por el artículo 12 de la Ley de Sindicatos.
Una comisión presidencial sobre reformas de las leyes laborales anunció este mes que alcanzó un acuerdo con dirigentes sindicales, entre cuyos puntos se cuenta la abolición de la prohibición a la actividad política.
Aún está pendiente la aceptación de más de un sindicato por rama de actividad, la prohibición de la intervención de terceras partes en los conflictos, el reconocimiento del derecho de agremiación de funcionarios del Estado y educadores y la flexibilización de los horarios.
"Corea del Sur necesita un mercado de trabajo más flexible y democrático. El gobierno está haciendo algunas concesiones, pero la OCDE pretende aun más reformas", observó Neuffer.
Pero tanto el gobierno como los empresarios se manifiestan preocupados de que el progreso económico del país se vea en peligro si se registran "abusos" de las nuevas libertades sindicales.
Los analistas consideran que la preocupación real es que los sindicatos efectúen reclamos legítimos de mejores condiciones de trabajo que aumenten los costos laborales y mellen la competitividad de Corea del Sur en el mercado mundial.
Los integrantes de la OCDE también pueden estar aprovechando este punto, en especial Japón, un gran rival de Corea del Sur en el campo de los electrodomésticos.
La OCDE fue fundada en 1960 como sucesora de la Organización para la Cooperación Económica Europea, que fue creada en 1948. Los países que la integran formulan estrategias económicas y sociales que invariablemente tienen impacto en las tendencias mundiales.
Los actuales integrantes de la OCDE son Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, República Checa, Suecia, Suiza y Turquía.
Los miembros más recientes del club son México, que se unió en 1994, la República Checa, que lo hizo en 1995, y Hungría, que se afilió en mayo de este año. Polonia será el socio número 28, para lo cual solo restan detalles formales. (FIN/IPS/tra- en/mk/cpg/mj/if lb/96
