Mientras muchos países ricos desistieron de luchar por la cláusula social en Singapur, sindicatos de todo el mundo se unieron en su defensa, colocándose poniendose en franca oposición a sus respectivos gobiernos en el caso de las naciones del Sur.
Las dos centrales sindicales más importantes de Brasil enviarán dirigentes a la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), la semana próxima, para defender "parámetros mínimos" en el área laboral para una competencia internacional en condiciones de igualdad.
Ese mecanismo debería instituirse en todos los acuerdos bilaterales, regionales y mundiales, para "responsabilizar a los países y evitar que busquen competir sacrificando la mano de obra", explicó Nair Goulart, secretaria de Mujer, Infancia y Adolescencia de la central laboral Fuerza Sindical.
Sin reglas comunes, las empresas y los empleadores en general tienden a "nivelar por lo bajo" los salarios y condiciones laborales entre los países, argumentó.
Ese es el caso del Mercado Común del Sur (Mercosur), donde los gobiernos y el empresariado tratan de suprimir derechos que los trabajadores conquistaron en el pasado, argumentando que reducir costos es indispensable a la competitividad del país.
Ante legislaciones nacionales distintas, se busca "flexibilizar" aquellas que más protegen el trabajador, utilizándose el patrón inferior.
En consecuencia se "precariza" el trabajo, se reducen los salarios, una cantidad creciente de trabajadores acepta empleos informales sin ninguna seguridad y se hace más difícil combatir la explotación de niños y la semiesclavitud, que se mantienen en muchos países, señaló Goulart.
La cláusula social invertiría esa lógica, estimulando la os países a cumplir ciertos patrones laborales y no a deteriorarlos, como está ocurriendo con la globalización y la implantación de bloques de libre comercio, concluyó la dirigente sindical.
No piensan así los gobiernos de Brasil y de los países en desarrollo en general, que se oponen a la vinculación de derechos sociales al comercio por temer que ese mecanismo justifique medidas proteccionistas de los países ricos presentadas bajo forma de sanciones.
El foro adecuado para ese debate es la Organización Internacional del Trabajo (OIT), argumentan. La "buena intención" de defender a los trabajadores puede "convertir la cuestión social en barrera comercial", advirtió José Graza Lima, jefe del Departamento Económico de la cancillería brasileña.
La lucha por la inclusión de reglas laborales en el comercio internacional es encabezada por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), que reúne a importantes centrales de todo el mundo.
No se trata de crear un instrumento de "chantaje económico", sino de una "referencia política, un mecanismo para erradicar políticas nefastas", afirmó Joao Vaccari Neto, secretario general de la Central Unica de Trabajadores (CUT), la mayor organización sindical brasileña.
Su aplicación debe "empezar por la identificación de los principales problemas sociales de cada país, con el fin de buscar soluciones", sostuvo.
Para países cuya imagen está dañada por la explotación del trabajo infantil o semiesclavo y la falta de libertad de organización se trata de "una cuestión nacional, no sindical", añadió.
El gobierno brasileño "se equivoca" al rechazarlo, sentenció, recordando que ese mismo gobierno acaba de denunciar la convención 158 de la OIT, que acababa de ratificar y que establece restricciones a los despidos injustificados de trabajadores.
En lugar de seguir sufriendo denuncias de masacres, de niños sometidos a condiciones inhumanas de trabajo, prostitución, sería mejor enfrentar los problemas con "políticas de recuperación", contando con fuentes de financiación que se establecerían junto a la cláusula social, argumentó Vaccari.
Uno de los mayores temores del Ejecutivo brasileño es la posibilidad de sufrir sanciones por el trabajo de millones de niños menores de 14 años, registrado principalmente en la producción de caña de azcar, carbón vegetal y calzados.
En lugar de mantenerse a la defensiva, Brasil debería proponer a la OMC crear un grupo de trabajo para estudiar cómo erradicar la explotación infantil y hacer más ético el comercio internacional, dijo Oded Grajew, empresario del sector de juguetes que preside la Fundación Abrinq por los Derechos de la Niñez.
Ello permitiría el surgimiento de propuestas para que el problema sea efectivamente combatido, involucrando a la comunidad internacional, y que no sirva de pretexto a medidas proteccionistas que agravarían la pobreza en los países sancionados.
Brasil confirmaría a su vez su promesa de eliminar el trabajo infantil y asumiría un liderazgo, concluyó Grajew. (FIN/IPS/mo/dg/pr-lb-if/96
