La ineficacia de la policía y del Ejército de Colombia para controlar la expansión de la delincuencia común y de la guerrilla llevó a una comisión estatal a pedir la reestructuración del gasto militar y de la administración de justicia.
Cada año la policía de Colombia captura a 5.000 bandoleros, de los cuales 4.800 vuelven a la calle por ineficiencia de la justicia.
Estudios del Ministerio de Defensa indican por otra parte que la guerrilla tiene influencia en 579 municipios, cuando hace diez años controlaba apenas 173.
La expansión de los alzados en armas es tal que su número pasó en el mismo período de 1.190 a 10.931.
Los frentes subversivos, que eran 16 en 1986, son ahora 114, 66 de los cuales corresponden a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Los estragos provocados por la guerra interna a la economía son enormes: unos 3.200 millones de dólares al año, cerca de cuatro por ciento del Producto Interno Bruto.
Hasta ahora los intentos de racionalizar y dotar de mayor eficacia el funcionamiento de la justicia han sido fallidos.
El reforzamiento del gasto militar, que se disparó entre 1990 y 1996, y particularmente entre 1993 y 1996, no ha dado resultado. En 1993 los fondos destinados a defensa fueron de 2.500 millones de dólares y este año crecieron a 3.100 millones.
Según la Comisión de Racionalización del Gasto Público del Congreso, para el manejo de la guerra es necesaria la inmediata reasignación de los recursos y con un sistema detallado de prioridades.
La Comisión, al igual que el empresariado naqcional, rechaza sin embargo la aplicación de un "impuesto de seguridad", con el cual el gobierno piensa recaudar 600 millones de dólares.
Defendiendo la creación de esa tasa como "inaplazable", el ministro saliente de Defensa, Juan Carlos Esguerra, considera no obstante que la lucha contra la violencia debe ser "global e involucrar a todos los elementos del Estado".
"No se trata sólo de aumentar los recursos para la guerra sino de implementar una educación para la paz", destacó.
"Obviamente no se trata de renunciar al uso de la fuerza. Se usará tanto y tantas veces como sea necesario. Ello no sólo es legítimo y legal sino que además es una obligación moral", afirmó.
El embajador de Colombia en España y ex vicepresidente Humberto De la Calle insiste a su vez en la necesidad de celebrar un "referéndum para la paz".
"La debilidad del gobierno y, en general, el clima de ingobernabilidad, conjuntamente con la dificultad creciente de la fuerza pública para contener, controlar y evitar acciones subversivas, coloca como tema de inquietante anáisis la capacidad institucional para responder a los problemas de seguridad", dijo. (FIN/IPS/apg/dg/ip/96
